La Junta empieza a reclamar impuestos de avales hipotecarios que no cobraba en años

Javier P. compró un piso en 2004. Para financiarlo pidió una hipoteca de 108.000 euros. Como condición para darle el préstamo el banco le exigió que su familia le firmara un aval. Al coste de la vivienda se le añadieron los impuestos habituales: el IVA, el de Transmisiones y el de Actos Jurídicos Documentados sobre la responsabilidad hipotecaria (1%), además de los gastos de notaría y gestoría. Nada fuera de lo normal.

Pero cuatro años después Javier ha recibido una llamada sorprendente: el banco le reclama 2.200 euros por otro impuesto del que nadie le había hablado (2.012 más el recargo). La explicación que le ha dado la entidad bancaria es que la Junta ha comenzado a reclamar ahora ese tributo, olvidado durante años. Es el impuesto sobre el aval que le firmaron sus padres. Se considera que el acto de firma del aval está gravado con otro 1% del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Igual que Javier, han recibido la reclamación otros compradores de viviendas que necesitaron un aval para conseguir su hipoteca.

¿Qué está pasando?

Para Juan Manuel Cordero, responsable de la Inmobiliaria García Márquez, de Badajoz, la explicación es sencilla: los ingresos de la Junta por los Impuestos de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados se han desplomado y para «hacer caja» la Hacienda autonómica está tirando de expedientes antiguos y reclamando impuestos que antes no pedía.

Cordero explica que la caída de las ventas tanto de pisos como de solares es tan fuerte que la Junta ha tenido que sufrir en el último año un grave descenso en los ingresos de esos dos impuestos transferidos. «Ten en cuenta que hace sólo un par de años había muchas operaciones de venta de solares entre promotores. Un terreno que se vendiera por 500 millones de pesetas suponía para la Junta un ingreso limpio de 35 millones. Y había muchas compra-ventas. Lo mismo ocurría con los pisos. Había miles de transacciones, que se traducían en impuestos. Ahora, con la entrada de los PIR (Proyectos de Interés Regional consistentes en promociones de la Junta de viviendas protegidas) y la crisis, el mercado libre se ha parado», afirma. Y si el promotor privado no vende, la Junta no cobra impuestos.

¿Es legal?

¿Es legal que ahora, cuatro años después de comprar la vivienda, le quieran cobrar un impuesto sobre el aval de 2.200 euros?, se preguntaba nuestro atribulado contribuyente. Tras hacer algunas pesquisas, Javier P. no ha logrado que el banco le dé el papel en el que se le reclama el tributo. Pero le han dicho que legal sí es y que debe pagar.

«Es legal, pero es inmoral», afirma un abogado que se dedica a hacer asesoramiento fiscal. Este letrado afirma que hasta hace cuatro o cinco meses, se cobraba el impuesto de AJD (Actos Jurídicos Documentados) sobre la operación de la hipoteca, pero se pasaba por alto el acto jurídico de la firma del aval. «Ahora se cobra el impuesto sobre el aval. Es jurídicamente correcto, pero supone una doble imposición», añade.

Según este abogado, no en todas las comunidades autónomas se está cobrando.

Doble imposición

El responsable de una gestoría de Badajoz cuyos clientes están recibiendo la reclamación de este impuesto sobre avales (también llamado de afianzamiento) opina que no es legal. Recuerda que fue transferido en el año 2001 y nunca se ha cobrado. Comenzó a recibirse hace unos seis meses. A su juicio, se trata de una doble imposición sobre un mismo acto jurídico, la formalización de la hipoteca, por lo que cobrar dos impuestos y no uno podría no ajustarse a derecho.

Ya hay clientes que lo han recurrido y están a la espera de que se pronuncie el Tribunal Económico-Administrativo (TEAR). El argumento para recurrir es que se está pagando por el mismo concepto dos impuestos. Este gestor también afirma que hay comunidades que no lo cobran, como Madrid y Castilla y León. Encuesta: ¿Crees que es necesaria una mayor transparencia por parte de la Administración en el cobro de impuestos?