La Junta afirma que el impuesto sobre los avales lo deben pagar los bancos

El impuesto sobre los avales hipotecarios que está reclamando ahora la Administración regional lo deben pagar los bancos y no los clientes. Ésta es la postura oficial de la Junta de Extremadura, hecha pública ayer a través de una nota de prensa.

La Hacienda extremeña contestó así a la información publicada por HOY sobre el cobro del impuesto sobre avales, que se está reclamando desde hace sólo unos meses y que los bancos repercuten en el titular de la hipoteca.

«El hecho que se denuncia obedece a una práctica de las entidades financieras, por la que pretenden trasladar al cliente el impuesto que legalmente les corresponde a ellas satisfacer», añade textualmente el escrito de Hacienda.

La Junta llega a calificar como «cláusula abusiva» la actuación de los bancos y anima a los usuarios a reclamar. «A partir del 1 de diciembre de 2007, con la publicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los deudores que se encuentren en supuestos como el que nos ocupa podrán reclamar sus derechos ya que la citada actuación está considerada cláusula abusiva, resultando, según la citada ley, nula de pleno derecho», argumenta la Junta.

Es legal

Hacienda recuerda que este impuesto se rige por una normativa estatal que se aplica desde 1967 y que fue recogida en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993. Asegura que la ley no se ha modificado desde que el cobro del impuesto fue transferido en 2001. La comunidades no pueden modificar la tributación de las fianzas o avales por lo que la normativa es uniforme para todas las comunidades autónomas de régimen común.

Otro de los aspectos polémicos que aborda la Junta en su nota es el asunto de si el impuesto supone una «doble tributación», como estiman algunos expertos. Hacienda afirma que no se trata de un impuesto sobre un acto jurídico documentado, sino que el afianzamiento o aval es una «transmisión patrimonial onerosa», diferente de la constitución de la hipoteca. «Por lo tanto -argumenta la Junta-, no es cierto que se esté efectuando una doble imposición, porque los actos gravados son dos hechos imponibles diferentes».

Esa diferencia implica que quienes están obligados a pagar el impuesto son distintos sujetos.

En el caso del préstamo hipotecario el sujeto pasivo es el deudor y en el caso del afianzamiento o aval el sujeto pasivo es el acreedor, según la Junta. «Corresponde a la entidad financiera, y no al ciudadano, satisfacer el tributo, siendo a ésta a la que se practica la liquidación correspondiente». La Junta añade que las entidades financieras tienen la obligación de autoliquidar ese impuesto. Si no lo hacen, la Administración puede reclamárselo en cumplimiento de su labor de inspección.

«La administración, dentro de su labor de comprobación e inspección, está obligada a realizar las liquidaciones complementarias en el momento en que se detecten irregularidades y siempre dentro de los cuatro años desde que se produce el hecho imponible», advierte la nota.

En su escrito, la Junta no aclara por qué se ha empezado a reclamar este impuesto hace unos meses y no se ha hecho con anterioridad. Simplemente afirma que su responsabilidad es que se cumpla la ley en la aplicación de los tributos que son de su competencia.

Críticas del PP

Carlos Floriano, presidente del Partido Popular de Extremadura, criticó ayer la «voracidad recaudatoria» de la Junta al reclamar impuestos que antes no cobraba y hacerlo a quienes menos recursos tienen a la hora de acceder a una vivienda. Carlos Floriano destacó el hecho de que ese tributo no se cobre en otras comunidades.

El Ejecutivo extremeño replicó a Floriano afirmando que espera que el PP no quiera dar a entender con sus manifestaciones que la Administración «debe incumplir las leyes fiscales ni pretenda que deje de recaudar los tributos».