El mal precedente del aeródromo de Ciudad Real

En la reunión de ayer entre los promotores del aeropuerto internacional de Extremadura y los grupos ecologistas estuvo muy presente el larguísimo proceso administrativo, siete años, que ha debido afrontar el aeropuerto de Ciudad Real, construido en una Zepa (zona de especial protección para las aves). Bruselas echó para atrás las dos primeras declaraciones de impacto ambiental, que habían obtenido la luz verde del Ministerio de Medio Ambiente español. De hecho, los grupos conservacionistas siempre suelen tener más confianza en las autoridades comunitarias que en las del Gobierno central.

En el caso de que la ubicación del aeropuerto extremeño no se cambie, los grupos ecologistas presentarían una queja ante la Comisión Europea, que debe decidir si la acepta o no. En caso positivo, Bruselas remite una carta de emplazamiento al Estado español, con copia en este caso a la Junta de Extremadura, en la que básicamente le pide explicaciones y que justifique el porqué de la actuación que ha originado la queja.

Dos opciones

Los conservacionistas tienen dos opciones. Presentar alegaciones en tiempo y forma al proyecto cuando salga a exposición pública la declaración ambiental por parte del Ministerio y, en caso de no ser atendidas sus reclamaciones, presentar la queja, o, como señala Marcelino Cardalliaguet, de SEO/Birdlife, «presentar antes la queja porque así Bruselas ya hace una advertencia a Medio Ambiente».

Tanto este grupo como Adenex consideran que en Ciudad Real «había muchos menos motivos que aquí», pues el aeropuerto ha afectado a especies como las avutardas y los cernícalos primilla, protegidos pero no en peligro de extinción, y en menor densidad de población.