El Gobierno ofrecerá «apoyo inmediato» para levantar los asentamientos ilegales

La Delegación del Gobierno en Extremadura apoyará a todas las administraciones, ya sean municipales o judiciales, que ordenen que los campamentos que están asentados en sus términos municipales sean desalojados. Con el fin de hacer efectivas esas decisiones, enviará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello, un juez debe haber decretado anteriormente el desahucio de la acampada, y se actuará de igual manera independientemente de que los terrenos sean públicos o privados.

Lo dijo ayer la titular de la Delegación, Carmen Pereira, quien añadió que se han reforzado los instrumentos para establecer el levantamiento de asentamientos ilegales y que «lo más fácil es hacerlo de manera inmediata».

La Guardia Civil comunicará estas acampadas a los propietarios de los terrenos o a la autoridad competente cuando tengan conocimiento de que existen en terrenos públicos o privados.

Pereira recordó que se reunirá la semana que viene con los agentes sociales, organizaciones agrarias, sindicatos, administraciones (Junta y Fempex) para preparar la campaña de la vendimia y la aceituna de este año, como adelantó este diario en su edición de ayer. A los dos campamentos de Santa Marta, sobre los que ya han actuado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han sumado otros en localidades cercanas a Mérida, que ya han sido desorganizados.

La delegada subrayó que las acampadas libres no están permitidas en Extremadura, ya que éstas requieren unas condiciones de seguridad, higiene y salubridad para los que las forman y los que residen en las localidades próximas que no reúnen estos asentamientos.

Carmen Pereira insistió en que es necesaria la coordinación con la Guardia Civil, los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos para evitar estas acampadas. Indicó que a la normativa extremeña que prohíbe la acampada libre se suman las ordenanzas que han aprobado varios ayuntamientos, que permiten actuar con más diligencia.

También dijo que posibilitarán la contratación en origen y el acceso al trabajo de manera legal a los extranjeros que residen en la región a través de la Oficina de Extranjería.

Evitar lo de siempre

La delegada del Gobierno no quiere que vuelva a repetirse el asentamiento de ciudadanos rumanos que se han producido en las últimas campañas tanto en Santa Marta de los Barros como el localizado entre Montijo y Puebla de la Calzada. Pereira anunció en febrero a este diario que iba a entablar conversaciones con los empresarios para que trasladaran a los trabajadores que no se va a contratar a nadie que no esté previsto de antemano. El objetivo es evitar un posible efecto llamada.

En su opinión, los empresarios deben hacer sus estudios y prever con cierto margen qué número de trabajadores van a necesitar, aunque sea un cálculo aproximado, a fin de realizar todo el proceso de una manera ordenada.

La delegada ha abogado en otras ocasiones por habilitar asentamientos decentes, como se hace, por ejemplo, en la vendimia francesa o la recogida de la fresa en Huelva con los temporeros extranjeros, y que los empresarios tengan una parte activa a la hora de proveer a sus trabajadores de este tipo de dotaciones.