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ROCÍO ROMERO
Miércoles, 22 de octubre 2008, 14:07
Lo dicen los adjudicatarios y lo reconocen las empresas inmobiliarias: la crisis ha echado el freno a la concesión de hipotecas en pisos de VPO. Lo que antes eran facilidades, ahora se ha convertido en muchos casos en un camino lleno de trabas. María tiene 20 años, una hija de un año y medio y un novio soldado profesional. Pero le falta la casa. Hace dos años consiguió un piso de protección oficial en Suerte de Saavedra. Ahora ha perdido la vivienda y los 6.000 euros que reunió para la entrada gracias a las aportaciones de su familia. Lleva 24 meses soñando con su casa de 60.000 euros y haciendo malabares con la economía de su familia para reunir los 2.292 euros que debía entregar en el momento de recibir las llaves. En su banco le han dado la mala noticia: no le conceden la hipoteca. Éste es el drama real que vive una familia que prefiere quedar en el anonimato, pero los casos se están repitiendo en la ciudad. Los pisos de 60.000 euros se han topado de frente con la falta de liquidez de las entidades crediticias. Y están haciendo añicos los sueños de los pacenses. Con rotundidad, María afirma que el plan de viviendas «ha sido un engaño». «Nos dijeron que sólo se requería una nómina y que darían facilidades de pago para los jóvenes, pero no ha sido así. Primero me pintaron una cosa que no ha resultado de esa manera». La reciente decepción lleva aparejada angustia. Cree que solo le van a devolver el 70% de los 6.000 euros que entregó. Perderá 1.800 euros. Antes de entregar la entrada, en julio, una caja de ahorros le dijo que le proporcionarían la hipoteca. La pasada semana se la han denegado. «Es injusto que me hayan hecho dar una entrada si después no me iban a conceder la hipoteca». Su peregrinaje por otras entidades bancarias ha recibido la misma respuesta negativa. María ahora no trabaja, pero ha sido dependienta de varios establecimientos. A la nómina de su pareja (con quien le habían concedido la vivienda), se suma el aval que presentó su madre: un apartamento y un local en Ronda Norte. No han sido suficientes. «¿Dónde encuentro yo ahora un piso nuevo por 60.000 euros?», se lamenta. Por el momento, continuarán viviendo en casa de su madre. La tristeza de María es compartida. Su hermana también ha visto esfumada su intención de comprar una de las viviendas que le habían tocado por sorteo en Cerro Gordo. Más casos La desilusión también ha hecho mella en Lucía. A sus 29 años es madre de una niña de un año y trabaja en un videoclub. Los 728 euros de su nómina no llegan para adquirir una vivienda de 60.000 euros. No dispone de avalista. Primero consiguió una en el Cerro Gordo y, después, otra en el Parque de la Viña. Ni un banco ni una caja le han concedido la hipoteca. Le han explicado que un sueldo es insuficiente para hacer frente a los pagos. A ella lo que más le ha molestado es que la ilusión de los últimos meses se le ha caído a los pies. Vive en casa de sus padres con más hermanos y quería tener su propio espacio para ella y su hija. Recuerda la alegría que se le metió en el estómago un día de junio de 2006, cuando su número salió de un bombo en el Palacio de Congresos. Le tocó un piso en Cerro Gordo. Ya entonces le dijeron que sería complicado que le dieran la hipoteca, pero que no cejara en su empeño y lo intentara. Cuando se la denegaron, le devolvieron la reserva de 500 euros que había depositado. La esperanza le llevó a pedir otro piso, esta vez en el Parque de la Viña. Se la concedieron, pero el banco le dijo que sería complicado otorgarle la hipoteca. Así que se desanimó. Tiró la toalla y no ha vuelto a intentarlo. Para ella, «todo ha sido un engaño porque estos pisos eran para gente que no tiene facilidades para adquirir otros». Para Miguel la vida ha sido distinta. Tiene 65 años, está casado y jubilado. Durante años trabajó en la construcción, pero dos infartos hicieron imposible que un día volviera al andamio. Consiguió un piso en el Parque de la Viña, pero los bancos se han negado a darle la hipoteca. En su casa solo entran los 658 euros que forman su pensión mensual. Ahora paga 210 euros por el alquiler de la vivienda en la que residen y en la que seguirán viviendo después de la negativa de las entidades. Inmobiliaria Municipal Estos problemas también se dejan notar en los proyectos de las promotoras. Un ejemplo es la Inmobiliaria Municipal de Badajoz, que ha desistido de construir pisos de 120 metros cuadrados en la Ecociudad de la Granadilla para rebajar los precios de las viviendas. Así, los pisos de renta media se quedarán entre 60 y 90 metros cuadrados. De esta forma, añaden desde la Inmobiliaria, «se han eco de las dificultades para conseguir financiación e intenta mitigar la problemática facilitando una vivienda media más asequible» Junta de Extremadura Por su parte, en la Junta de Extremadura son conscientes de que su plan especial para facilitar el acceso a una vivienda digna está fallando. Fuentes de la Consejería de Fomento reconocen que saben de estas historias que esconden una paradoja. El plan nació para que los extremeños con un bajo nivel de ingresos pudieran comprar un piso, pero después de tentar la suerte en las rifas y conseguir convertirse en adjudicatarios, ahora ningún banco ni caja de ahorros les presta el dinero para comprarlos. Apuntan a las reuniones que cada semana se producen entre representantes de la administración autonómica y los bancos, pero no prevén alcanzar acuerdos. De hecho, confían en la reacción de las entidades a las iniciativas del Gobierno central. De cualquiera de las maneras, afirman tajantemente: «Nosotros hacemos la política para construir viviendas, pero el banco decide si concede la hipoteca». Aconsejan a los compradores que acudan a varios bancos y, sobre todo, a las entidades crediticias extremeñas. Aun así señalan al problema general de la banca como causa de las negativas a conceder los préstamos y aseguran que están intentando que mejore la situación. Y en este punto se llega a otra paradoja. En el año 2004, la entonces titular de Fomento firmó un convenio con representantes de varios bancos para abaratar los préstamos de las viviendas de 60.000 euros. Los términos del convenio establecían una financiación por el 93% del valor, con un periodo de amortización de 23 años y un interés inicial del 3,11%. De esta forma, la cuota mensual a pagar el primera año ascendería a 264 euros. «Ese acuerdo no significa que ni la Junta ni los bancos sean avalistas de esas compras. El banco tiene que asegurar que va a cobrar ese préstamo», inciden desde la Junta.
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