La Asamblea congela el sueldo de diputado y limita el teléfono a 250 euros mensuales

El mea culpa que la Junta entonó en noviembre pasado por haber gastado 68.000 euros en un coche oficial ha tenido un efecto blanqueador en la política extremeña. El presidente Fernández Vara quiere pactar con el PP un código de buenas prácticas y el otro poder autonómico, el legislativo de la Asamblea, ha redactado normas económicas para los 65 diputados. Esto último no llega a código, es una recopilación de acuerdos que estaban aprobados aunque dispersos, que se ponen al día con el nuevo reglamento parlamentario, y están colgados en la web de la Asamblea para mayor transparencia pública. Ante la crisis económica que azota al ciudadano, la Junta de Extremadura ha congelado este año los sueldos de sus altos cargos, y lo mismo ha hecho la Asamblea de Extremadura. Desde el 1 de enero está en vigor el nuevo régimen retributivo de los diputados autonómicos, que ha cambiado desde que el reglamento permite a sus señorías 'liberarse', es decir profesionalizarse para una dedicación en exclusiva a la labor parlamentaria. Diputado profesional Hasta el verano pasado la liberación sólo llegaba a un cupo cerrado acordado por PSOE y PP pero que habían ido ampliando progresivamente; a partir de ahí todo el que quiera puede acogerse a este régimen de dedicación exclusiva, incompatible con cualquier otro ingreso económico profesional. Las normas retributivas en vigor desde el 1 de enero regulan esa exclusividad de los liberados, y qué primas por asistencia a sesiones pueden cobrar los que no lo son. En estos momentos son 49, de un total de 65, los diputados profesionales, a razón de 25 en el grupo parlamentario PSOE-Regionalistas y 24 en el PP-Extremadura Unida. Entre los 49 figuran los cinco miembros de la Mesa, que son tres del PSOE y dos del PP. Las nuevas medidas retributivas congelan para este 2009 todas las retribuciones de unos y otros dejándolas al mismo nivel que el año pasado. El sueldo anual de un diputado de la Asamblea de Extremadura es 66.416 euros brutos, lo que equivale a 3.300 euros líquidos al mes como media por 14 pagas; quienes son funcionarios perciben además los trienios que les correspondan. El artículo cuarto de las normas prohíbe a los diputados y miembros de la Mesa profesionales percibir cualquier otra cantidad de la Asamblea. Con esto algunas situaciones anteriores «han dejado de darse, era algo que éticamente había que aplicar», explica el presidente de la Cámara, Juan Ramón Ferreira. Por ejemplo «si los miembros de la Mesa están liberados con dedicación exclusiva no tiene sentido que cobren por asistir a un tribunal en su tiempo de trabajo». Doble cobro que en ocasiones se producía. Los 49 liberados únicamente pueden reclamar el kilometraje (20 céntimos por kilómetro) si tienen que acudir a un acto oficial en nombre de la Asamblea y ponen el coche. Para todos ellos funciona el mismo régimen de incompatibilidad que para los altos cargos de la Junta (presidente, vicepresidentas, consejeros, directores generales, secretarios generales y asimilados), es decir, no pueden beneficiarse de ningún tipo de ingresos profesionales. Se exceptúan en la Asamblea las percepciones por trabajos de índole intelectual (escritos, conferencias) esporádicos o de menor importe. Si algún diputado es a la vez miembro del Consejo de Gobierno de la Junta, o dirige desde ésta las relaciones con la Asamblea, tampoco puede cobrar del Parlamento, su sueldo es a cargo del Ejecutivo autonómico. Es el caso de los diputados Guillermo Fernández Vara, Dolores Pallero, Dolores Aguilar, Eva María Pérez y Leonor Flores, y de Alejo Salas como responsable de relaciones con la Asamblea. Esta norma es nueva, razón por la que al menos hasta noviembre pasado recibían ingresos de la Asamblea Dolores Aguilar, Eva Pérez y Leonor Flores. 150 euros por sesión Actualmente hay seis diputados del PSOE y dos del PP no liberados, más un senador por cada partido, Francisco Fuentes y José Antonio Monago, cuyo sueldo en la Cámara Alta es incompatible con el de diputado autonómico. Los que no se han liberado profesionalmente en la Asamblea son los socialistas Antonio Gómez Yuste, Eva Martín Alfonso, Estanislao Martín, Victoriano Durán, José Luis Viñuela y Consolación Serrano, y los populares Miguel Celdrán (alcalde de Badajoz) y Anselmo Díaz Cabello. Estas 10 señorías, ya que no hay sueldo, tienen derecho a cobrar por asistir a cada comisión o pleno del Parlamento extremeño a razón de 161,72 euros diarios si son fuera de Mérida y 140,48 si residen en la ciudad; además el kilometraje desde su casa. José Antonio Monago, presidente del Partido Popular y de su grupo parlamentario, no cobra estas retribuciones conocidas como 'dietas'. Si cualquiera de los diputados tiene que asistir a algún acto o viaje fuera de la Asamblea, ésta corre con los gastos de desplazamiento, alojamiento y comida, aunque el afectado puede optar por el sistema de dieta y percibir un fijo. El Parlamento extremeño ofrece a sus señorías una plaza de aparcamiento concertada en un parking de Mérida cercano, y a los que no son miembros de la Junta conexión permanente a Internet (en la Cámara, en movilidad, en su casa) y telefonía móvil, esta última con un límite mensual de 250 euros recientemente establecido. «No estamos por dinero» Con todo ello los diputados cobran según su presidente Ferreira «lo que tienen que cobrar pero sólo eso», y quedan regulado el asunto «no por oportunidad política debido la crisis» sino por la exigencia de adaptar las anteriores normas, de 1989, al nuevo reglamento. Ahora la Asamblea «puede enseñar sus cuentas a cualquiera». Teresa Angulo, portavoz del grupo popular, asegura que «aquí no estamos por el dinero, esto tiene muchos sinsabores», y que en la política extremeña hay muchas personas, sobre todo en la municipal, «que no cobran nada y le quitan tiempo a su trabajo y a su familia, incluso ponen dinero». Con una Junta de Extremadura que maneja ya un presupuesto equivalente al billón de pesetas es lógico que la Asamblea se profesionalice «si queremos unos diputados que puedan controlar al Gobierno», justifica Ignacio Sánchez Amor, portavoz del grupo socialista. «Tienen que especializarse». Aún así se dejó libertad para liberarse o no porque si fuera obligatorio algunas personas «nunca vendrían al Parlamento por no dejar su profesión».