La Junta impondrá a las empresas de telefonía que compartan antenas

Nueve de cada diez extremeños adultos tienen teléfono móvil. De forma paralela las quejas por el servicio están a la cabeza de las reclamaciones que hacen los consumidores, que ni saben las tarifas de las llamadas, ni conocen sus derechos. La Junta prepara una regulación para defender estos derechos comparable a la que en su día publicó para la calidad del suministro eléctrico, que obliga a las compañías a devolver dinero por los cortes duraderos. El anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en materia de Telefonía Móvil está cocinándose. Ha pasado en una primera lectura por el Consejo de Gobierno de la Junta y hasta el día 21 queda abierto para alegaciones antes de su paso definitivo por el Consejo de Consumidores. Después de otros trámites legales (Consejo Económico y Social, y Consejo Consultivo) recibirá el visto bueno de la Junta para que lo remita al Parlamento; posiblemente en otoño la ley entre en vigor. El bolsillo y la salud El Ejecutivo regional justifica la normativa tanto en la necesidad de defender los derechos económicos de los usuarios, como en la protección de la salud y el medio ambiente ante las radiaciones electromagnéticas de la telefonía móvil. El proyecto de ley prevé en ese sentido que la Junta pueda «imponer» el uso compartido de los equipos emisores o repetidores de telefonía previa tramitación de un procedimiento legal que se establecerá en el futuro. El Gobierno regional se cura en salud ante la petición creciente de permisos para poner antenas y prevé una normativa que obligue a las compañías a compartir emplazamientos y dispositivos. Esta nueva ley autoriza a la Junta a fomentar la utilización del menor número de antenas, haciendo que se agrupen en estaciones radioeléctricas únicas para los diversos operadores. Un negocio que abruma La telefonía móvil es el servicio de nuevas tecnologías de la comunicación más utilizado y popular entre la población, más incluso que Internet. Un formidable negocio que sobrepasa las capacidades de información y comparación de la clientela, abrumada por la cantidad de operadores, ofertas, tarifas, modalidades y terminales, que se renuevan día a día. No está regulada por ejemplo la cobertura que debe tener cada compañía. El cliente se abona sin certidumbre de tener acceso a una buena calidad de comunicación, que se fía a promesas verbales y a mapas que las propias compañías publican en Internet. El cliente se encuentra «desprotegido», desconoce sus derechos y por supuesto cómo ejercerlos frente a la compañía, acusa la Junta de Extremadura. Y eso pese al conjunto de leyes nacionales y algún decreto autonómico extremeño, que en buena parte quedan anticuados frente a la renovación constante del sector. Es tan atractiva esta tecnología que la impaciencia del usuario predomina frente a la prudencia como cliente. El ámbito de aplicación de esta ley extremeña, pionera en el Estado autonómico, son los contratos de telefonía y compraventas de terminales realizados en un establecimiento situado dentro de la Comunidad. De un plumazo quedan excluidos por tanto los contratos y operaciones que por miles se realizan vía Internet o por teléfono. Para quedar mejor protegido, en el futuro convendrá realizar todas esas operaciones de manera física en una tienda. El texto pretende otorgar a los consumidores protección total en sus derechos de recibir un servicio de calidad (cobertura, ausencia de interferencias, estabilidad en la conexión), en el que queden claras y por escrito las obligaciones y derechos de ambas partes, e igualmente haya garantías sobre el teléfono móvil en sí, el terminal. Atención a la Raya El proyecto legislativo extremeño presta atención especial a la calidad del servicio en las zonas fronterizas con Portugal, los 428 kilómetros de Raya cuyos habitantes pueden entrar sin darse cuenta en la cobertura de una compañía telefónica lusa y pagar tarifas internacionales por las conversaciones. Promete también la Junta vigilar que haya cobertura de calidad en las carreteras con más tráfico. Los operadores de móvil (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Simyo, Pepephone, Masmóvil, Hits Mobile, Carrefour Móvil, etc.) con tiendas propias, o los que hagan contratos en Extremadura por medio de empresas intermediarias, deberán informar previamente al posible cliente de las características del servicio. En especial dar detalle de la cobertura con grados y niveles de calidad en cada zona; información que ha de ser gráfica y sencilla para que cada usuario, antes de hacer una llamada, sepa que pueden completarla sin interrupciones por motivos de cobertura. Un documento que será «especialmente detallado» tanto para los sectores preferentes (servicios sanitarios, bomberos y protección civil) como para las zonas de especial atención. En este último caso la compañía o su tienda intermediaria tienen que especificar las carreteras con cobertura y las zonas en las que coinciden operadores de móvil españoles y portugueses. Toda esa información técnica la v a a colgar en su página web el Instituto de Consumo de Extremadura. Descuento en la factura En tal documento informativo y de contrato debe venir también el mecanismo de indemnización y descuento al cliente en caso de no cumplirse los niveles de calidad anunciados. Si el servicio telefónico móvil se interrumpe temporalmente el usuario tiene derecho a una indemnización que está en relación al promedio de las últimas facturas o la cuota de abono mensual.