Con la zepa hemos topado

«La pareja de águilas reales nos ha costado más que la delantera del Barça». La comparación es de Javier Paredes, alcalde de Zalamea de la Serena, que ha visto como un nido de aves ha impedido que en el término de su pueblo se instale un parque eólico y se pierda así un tren de oportunidades. La preocupación de Javier la comparten otros alcaldes de la región al ver como las zepas han abortado plantas solares, fotovoltaicas o eólicas en sitios donde no abundan los proyectos industriales.

A las quejas de los ediles se suman la de agricultores, ganaderos y propietarios de terrenos en zonas bajo alguna consideración de protección.

Las restricciones en el uso de tratamientos fitosanitarios, la imposibilidad de levantar torres de líneas eléctricas o la limitación de la carga ganadera merma la rentabilidad de los agricultores, según han denunciado las agrupaciones agrarias.

Los propietarios se quejan de que sus fincas pierden valor porque las restricciones suponen en la práctica «un impuesto extra».

Extremadura cuenta con una amplia gama de espacios protegidos por lo que el conflicto de intereses es casi una cuestión común. A los parques de Monfragüe, Cornalvo y Tajo Internacional se suma más de un 20% del territorio declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Hay 70 enclaves con este nivel de protección y cuatro Zonas de Interés Regional.

Desde Adenex, organización que participa en el diseño de algunos planes de actuación en estas zonas, entienden la queja de los agricultores pero aclaran que en todos los casos se prevén indemnizaciones si afectan a sus actividades. «Si encima de un alcornoque hay un nido y no puedes sacar el corcho te pagan lo que vale el corcho», ejemplifica Antonio Gentil, biólogo de Adenex.

Sin embargo, José Cruz, de la organización agraria UPA, cree que las indemnizaciones que se pagan a los agricultores suelen ser «bastante escasas y en muchos casos no llegan».

En su opinión se debe partir de una premisa clara: quien conserva cobra. Cree que si las grandes compañías se están beneficiando de las energías limpias, los agricultores deben hacerlo como garantes del paisaje. Por eso denuncia que en muchos casos se tengan posturas infraccionistas con el campo. «No tiene sentido que nos penalicen cuando somos los que hemos conseguido el paisaje que tenemos».

Confundir problemas

En Adenex lamentan que se confundan los problemas. Creen que muchas de las dificultades agrícolas deben su origen más a la crisis propia del sector que a las limitaciones de los protocolos ambientales.

En Asaja, otra organización muy crítica con la gestión de las zonas protegidas, defienden a toda costa que los protocolos contemplen indemnizaciones y garanticen la renta agraria. Algo que según Bibiano Serrano, su presidente, no ocurre siempre.

No comparte que se «penalice» a la gente del campo con limitaciones tan exigentes para no perjudicar a las aves cuando en realidad ha sido la propia actividad agraria la que ha propiciado el hábitat de las aves.

«No estamos en contra de la protección del medio ambiente, al revés, lo defendemos. Lo que no entendemos es que sean tan exigentes con gente que lleva toda la vida trabajando y ganándose la vida con la tierra. No se pueden poner zancadillas a los pueblos».

Investigación

En medio de este debate también aparecen estudios e investigaciones como el de Julián Mora Aliseda, profesor de la Universidad de Extremadura. Mora cree que en estos momentos la región tiene «superficie protegida en exceso». Concretamente 1.089.435 hectáreas, casi el 27% de su superficie total, lo que la convierte en la comunidad europea con más superficie protegida. La media española es inferior al 20%.

El profesor Mora recuerda que regiones como Galicia o Navarra no llegan a las 80.000 hectáreas de zonas declaradas zepa.

Teme que en el futuro las zepas puedan convertirse en un cepo para el desarrollo: «no sólo se debe tener en cuenta la variable ambiental, también hay que valorar el componente económico y social».

De sus investigaciones concluye que este exceso se debe a que no se han seguido criterios rigurosos desde el punto de vista científico y técnico. «Muchas zonas que se consideran 'naturales' no lo son en modo alguno. Es un error de técnicos foráneos que no conocen ni la realidad agraria ni la evolución histórica de Extremadura».

El error hace que en algunas zepas se hayan establecidos restricciones a las labores agrícolas para crear un escenario más 'africano' para las avutardas - el caso de La Serena (Cabeza del Buey o Zalamea)- y tras varios años de aplicación se ha comprobado que las aves han emigrado a zonas donde no había limitaciones para la agricultura como Campanario o La Coronada, y sobre todo para las Vegas del Guadiana, donde abundan las cosechas, según ha observado el profesor de la UEx.

Las consecuencias económicas de este conflicto llevan aparejadas efectos demográficos. En la última década los municipios incluidos en áreas zepas han experimentado una fuerte regresión demográfica (11 por ciento), llegando algunos a experimentar un descenso superior al 20%, como ocurre como Orellana y Orellanita. Por eso el profesor Mora urge a una reordenación del territorio

extremeño en el sentido «más integral» de todos los elementos que lo componen: las personas, el paisaje, los asentamientos y las infraestructuras.

Acuerdo

De momento, la reordenación pasa por planes de gestión en el que deben ponerse de acuerdo agricultores, ecologistas, administración, propietarios y vecinos para garantizar la convivencia entre la actividad humana y la protección ambiental. Y aquí empieza el problema.

De hecho, hace tres años, las movilizaciones de agricultores y vecinos abortaron la puesta en marcha de planes de protección en algunas zonas como Hornachos o Sierra de Pela, que junto a Llanos de Cáceres y Sierra de San Pedro conforman lo que se denominan Zonas de Interés Regional, una categoría superior a la zepas.

Los agricultores de pueblos como Navalvillar de Pela, Orellana o Puebla de Alcocer se movilizaron e impidieron que se llevaran a cabo. Tres años después se han vuelto a iniciar los contactos.

Manuel Sánchez Custodio, alcalde de Navalvillar de Pela, entiende que en aquella ocasión se falló porque no se contó con la opinión de los vecinos. Ahora, tras una primera reunión, se retoman unas negociaciones en la que participan agricultores, cazadores, ecologistas y ayuntamiento, entre otros actores.

No sufrir reducciones

Sánchez Custodio entiende que lo fundamental es que los agricultores no sufran una reducción de sus rentas. Cree que a base de diálogo se puede llegar a una herramienta que equilibre el desarrollo económico del pueblo y la protección.

El alcalde advierte que no sólo hay que valorar las restricciones porque el turismo rural también deja recursos en la zona y la mejor manera de promocionarlo es con la conservación del entorno.

Desde Asaja se alegran de que las protestas de hace tres años paralizaran los planes en Hornachos y en la Sierra de Pela. Aquellos programas impedían, según Asaja, que se construyeran vías de acceso y castraban la comunicación en muchos pueblos.

Desde las dos agrupaciones agrarias esperan que ahora los planes de actuación tengan más en cuenta a la población rural y a los intereses de todos los vecinos.

Acuerdos

A pesar de que las posturas parecen opuestas, existen puntos de encuentro. Un ejemplo lo hemos tenido esta misma semana con la aprobación por unanimidad del Plan Rector de Uso y Gestión de la Sierra de San Pedro. Un enclave considerado Zona de Interés Regional con aspiraciones de parque natural.

Andrés Sánchez representaba a los propietarios de terrenos que se encuentran dentro del perímetro del zir en esta negociación. Explica que el acuerdo se ha conseguido gracias «a la voluntad de todos». Tras la fumata blanca aboga por mantener «las explotaciones y labores tradicionales que siempre hemos hecho y que es lo que nos ha permitido conservar». Máxime cuando «si no se genera riqueza, es muy difícil la conservación».

Los representantes de las administraciones públicas, de los propietarios y de organizaciones agrarias y ecologistas y de la Universidad extremeña (UEX), entre otras entidades, han dado ya el visto bueno a este acuerdo. En la Sierra Grande de Hornahos todavía tienen que esperar.