Los 'sin papeles' se esconden en sus casas para evitar la presión policial

El comedor benéfico de la calle Martín Cansado, en Badajoz, está a punto de abrir sus puertas. Faltan sólo unos minutos para la 1 de la tarde y una docena de hombres espera en la calle. De pronto se acerca un coche de color azul. Es un automóvil normal, pero en su interior viajan dos agentes de paisano. Pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía y deben andar buscando a alguien. El vehículo se detiene en medio de la calle, baja uno de sus ocupantes y echa un vistazo al portal del comedor. Sin mediar palabra, regresa al coche, sube de nuevo, y continúa la marcha.

Indiferentes ante lo que acaba de ocurrir, los usuarios del comedor social continúan la espera. Pero el nerviosismo se apodera de algunos de ellos: extranjeros, sin la documentación en regla y expuestos de forma constante a un expediente de expulsión, sus corazones se aceleran al sentirse observados.

Pero la suerte está hoy de su lado. Según aseguran los propios inmigrantes, la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía respeta la hora de la comida y sólo se acerca al comedor de las monjas cuando busca a una persona concreta.

Ese 'pacto' no escrito garantiza, cuando menos, que los inmigrantes sin documentación hagan una comida caliente al día. Pero en el resto de la ciudad las cosas son muy distintas.

La prueba está en los 161 expedientes de expulsión abiertos desde comienzos de año. De ellos, 34 concluyeron con la deportación del inmigrante a su país de procedencia. «A veces no comemos en todo el día para evitar los lugares que vigila la Policía», reconoce un 'sin papeles' sobre el que pesa como una losa la orden de expulsión.

Para él, como para el resto de inmigrantes no legales que residen en Badajoz capital, los últimos meses han sido especialmente complicados. «Los controles han aumentado, los agentes suelen ir a la plaza de El Corte Inglés, a los alrededores de la Subdelegación del Gobierno y a los lugares donde nos reunimos», explican en un español básico.

Las cifras que se manejan en Badajoz resultan significativas por tratarse de la ciudad más poblada de la región, pero la lucha policial contra la inmigración ilegal va más allá de la capital de provincia. Sólo en el año 2008, la Subdelegación del Gobierno en Badajoz resolvió 481 expedientes de expulsión y 38 acabaron en deportación (no se cuentan los expulsados con órdenes dictadas en otras provincias), cifra a la que hay que sumar otros 229 expedientes tramitados por la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, donde hubo 91 expulsiones.

Vigilados

La preocupación de los inmigrantes de Badajoz es compartida por Julia Martínez Morales, la responsable del Locutorio Público Extremeño. Ubicado en la avenida Fernando Calzadilla de Badajoz, desde hace 20 años pone a disposición de los extranjeros cabinas de teléfono más económicas.

Esa actividad le permitió abrir un segundo locutorio frente a El Corte Inglés, pero asegura que la presión policial ha terminado por arruinar su negocio. «Los agentes de Extranjería se colocan un día sí y otro también a las puertas de mi locutorio. Yo entiendo que ellos están haciendo su trabajo, pero no me gusta que estén en la puerta misma».

Julia entiende que los policías están cumpliendo con su obligación, pero rechaza su forma de actuar. «Aquí le piden documentación a todo el mundo, lo mismo a los que tienen permiso de residencia que a quienes están ilegales, y eso termina por ahuyentar a la clientela. ¿Por qué no se van a San Roque o a la barriada de la estación?», se pregunta indignada.

Esta empresaria ha tenido que cerrar al público uno de sus establecimientos, y teme que el locutorio de Fernando Calzadilla corra la misma suerte si continúa la presión policial. «A mi me duele que al entrar o al salir se encuentren a la Policía en la puerta. Hace unos días salía yo acompañada de una chica inmigrante y vi que nos seguía un agente de paisano».

Acoso

Cuentan quienes tienen trato con los inmigrantes de Badajoz que el episodio más violento se vivió semanas atrás cuando una inmigrante sudamericana se dirigía al colegio para dejar a su hija. Iba con otra extranjera y ambas fueron abordadas por la Policía antes de llegar a la escuela. «La situación fue terrible, acompañaron a la mujer y a la niña al colegio, dejaron a la pequeña con otros padres, llorando, y se llevaron a la mujer a Comisaría».

Los colectivos que trabajan con inmigrantes aseguran que este tipo de prácticas no es habitual, pero sí reconocen que la presión de la Policía Nacional sobre los ciudadanos inmigrantes se ha intensificado durante los últimos meses.

Desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, cuya sede se encuentra en Cáceres, se afirma que la preocupación es creciente entre los extranjeros que aspiran a regularizar sus documentos. «Mi percepción es que sí se está endureciendo el trato y que las expulsiones se están agilizando».

Desde la Jefatura de Policía se asegura que la lucha contra la inmigración ilegal no ha variado. «Lo que se está haciendo son simples identificaciones y es lógico que se busque a los inmigrantes en los sitios que frecuentan, pero son identificaciones rutinarias».

Enfrentados

Fuentes policiales han confirmado que la denuncia realizada por la propietaria del locutorio llega después de que su marido se enfrentara con la Policía en plena calle. «No tiene razón en lo que dice, hacía mucho tiempo que no íbamos por allí, lo que sucede es que los vecinos se habían quejado de las molestias que provocaba la concentración de extranjeros en esa zona y era preciso poner orden».

A pesar de las explicaciones oficiales y oficiosas ofrecidas por la Policía, quienes tratan con los extranjeros ven las cosas de un modo muy distinto. «Yo no viviría a gusto ni teniendo papeles», insiste Julia Martínez, la propietaria del locutorio. Y su opinión no parece exagerada, una chica sudamericana que ya tiene la documentación en regla reconocía esta semana que hay amigas suyas a las que les reclaman la documentación una y otra vez.

Para quienes viven de forma legal, ese control no pasa de ser una incomodidad, pero la situación se complica cuando el extranjero se encuentra ilegalmente en España: si es la primera vez que lo identifican, los agentes abren contra él un expediente de expulsión que tarda alrededor de un mes en resolverse; si es la segunda vez y el expediente ya está resuelto, lo normal es que el inmigrante sea conducido a un Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid o Málaga, donde permanece hasta que puede ser deportado a su país.

Solución para unos, tragedia para otros, el trabajo de la Policía no deja indiferente a los inmigrantes 'sin papeles', sombras errantes en un paraíso que amenaza con devolverlos al lugar del que salieron un día en busca de la tierra prometida.