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E. F. V.
Martes, 26 de mayo 2009, 10:44
¿Quién está detrás de los últimos incendios de vehículos? Ésa es la pregunta que se hacen desde hace semanas los vecinos de Badajoz. La aparición en prensa de varios coches quemados ha acrecentado el temor entre los propietarios de los vehículos que 'duermen' en la calle. El miedo a que amanezcan calcinados aumenta, pero los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía están desarrollando una línea de trabajo poco habitual hasta ahora. «Tenemos la sospecha de que algunos de esos automóviles han sido quemados por sus dueños de forma intencionada para cobrar el seguro», ha confirmado a HOY una fuente policial.
De momento no es más que una hipótesis, pero las compañías aseguradoras comparten la inquietud y han recurrido a los investigadores privados para poner al descubierto un fraude que podría causarles una sangría económica.
En la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía se recogen los 14 incendios de automóviles (no se incluyen los vehículos de dos ruedas) ocurridos desde comienzos de año. La media indica que se han producido entre 3 y 4 cada mes, una cifra que supera ligeramente lo ocurrido durante todo el año pasado, cuando hubo 24 incendios (2 al mes).
Por el momento no es un repunte preocupante, pero lo ocurrido estas últimas semanas ha hecho reaccionar a los investigadores de la Policía, que están analizando las claves del fenómeno.
Las tesis que manejan son diversas, pero han llegado a la conclusión de que algunos de los siniestros denunciados -no precisan cuántos- podrían haber sido causados por los dueños para hacer efectivo el seguro de incendio.
Aún no ha sido presentada ninguna denuncia formal contra los posibles estafadores, pero los agentes han comenzado a recabar datos que podrían resultar claves en futuros procesos judiciales.
Algunas de las pesquisas ya han sido puestas en manos de las compañías aseguradoras, que se escandalizan al comprobar que el propietario de uno de los coches calcinados le quitó varias piezas horas antes de que ardiera. «Una cosa es que roben un coche, lo usen para cometer un delito y luego lo quemen, y otra muy distinta que arda sin ningún motivo». Si a esa circunstancia se suma que en el momento de quemarse no tenía el radio-cd colocado, que le habían colocado neumáticos viejos y que las llantas originales también habían desaparecido, la conclusión para las aseguradoras es evidente. «Sabíamos que esto podría suceder y no lo vamos a consentir», afirman desde una de las firmas afectadas.
Investigadores
Las compañías con mayor implantación en la región prefieren no hacer declaraciones oficiales, pero sí confirman que se están tomando medidas muy concretas. «Es verdad que estamos requiriendo los servicios de investigadores privados, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados».
Recurrir a los servicios de un profesional de este tipo no es barato, pero más caro les resulta pagar indemnizaciones que llegan a alcanzar los 24.000 euros. Sumas así han terminado de convencerlas de que es mejor invertir en investigadores que en cubrir siniestros fraudulentos.
Una de las compañías perjudicadas aclara que las sospechas de fraude no son generalizadas, sino que se limitan a la ciudad de Badajoz, y dentro de ella, a un colectivo de personas muy concreto. «Desde Madrid nos alertan desde hace tiempo del riesgo de aparición de estas conductas, de modo que no nos sorprende».
Los primeros casos investigado ocurrieron hace dos años y desde entonces existe un goteo que ha alcanzado su máximo apogeo en los últimos dos meses, cuando han sido denunciados los incendios sufridos por media docena de vehículos sobre los que no existían denuncias de robos.
En un primer momento no hubo sospechas, pero la repetición de las circunstancias y las características de los vehículos, en su mayoría de gama alta, hicieron saltar las alarmas. «Nosotros ya hemos puesto la información en manos de las aseguradoras, ellas pueden pagar si quieren, pero deben saber que pueden estar equivocándose».
Pruebas
Si la Policía tuviera pruebas contundentes, los presuntos estafadores ya estarían en la cárcel, pero llevar a buen puerto una investigación no es tan sencillo, mucho menos cuando el entorno en el que ocurre el incendio está en los extrarradios. «Las casualidades existen, pero también nos extraña que el coche arda justo cuando está a punto de caducar el período en el que se le reintegra el 100% de su valor. Puede que en algunos casos el siniestro sea real, pero en otros da que sospechar», añade un agente de seguros con años de experiencia.
Otras veces no se trata de vehículos nuevos, pero sí de automóviles muy caros (de 42.000 euros en adelante) que a pesar de tener cuatro, cinco o seis años de antigüedad, siguen costando cantidades considerables. «El valor del vehículo siniestrado se calcula en función de unas tablas que manejan tanto los vendedores como las aseguradoras, no es algo que nos inventemos», afirma.
Letras pendientes
Otro de los indicios que tienen muy en cuenta la Policía y las compañías aseguradoras hace referencia a la situación financiera del vehículo: si aún está pendiente el pago de las letras, aumentan las posibilidades de que se trate de un fraude. Por eso los analistas de siniestros suelen consultar los registros de Tráfico, donde constan las reservas de dominio realizadas por las financieras que tienen pendiente el cobro del dinero concedido para la adquisición del coche.
En esos casos, las aseguradoras hacen todo lo posible para que el pago de la indemnización no vaya a parar al contratante del seguro. En su lugar, buscan la manera de que el receptor de los fondos sea la financiera a la que se le adeuda el dinero. «Nuestra forma de actuar en estos casos va a ser clara: pondremos al asegurado defraudador todas las dificultades posibles para que no se salga con la suya».
Financieras
Sólo de ese modo pueden evitar que el fraude, además de perjudicar a las compañías del sector del seguro, afecte también a las financieras. «No es descabellado pensar que alguien contra el que se inicia un proceso de embargo le prenda fuego al coche antes de devolverlo», concluye un investigador de la Policía.
No era descabellado en los tiempos de bonanza económica y mucho menos lo es ahora que la crisis está dejando sin recursos a muchos particulares que confiaban en su sueldo para abonar las letras de sus vehículos.
Para todos los que puedan caer en esta tentación delictiva fue pensado el Código Penal español, en el que se castigan tanto la simulación de un delito como la estafa. Para los primeros se contemplan multas de 6 a 12 meses, mientras que los estafadores se exponen a penas de cárcel que van desde los 6 meses a los cuatro años en función de la cuantía a la que ascienda el engaño.
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