«Vivo con el miedo en el cuerpo»

Calle Juan García García, número 13. Aldea Moret. Doce y media de la mañana. Raúl Bartel González, barcelonés de 32 años, espera en la puerta del bloque la llegada de la prensa. El portero automático no funciona. Todos los botones están arrancados. Ya en el interior de la vivienda, muestra los puntales que sostienen parte del techo de la cocina.

Hace tiempo que a Raúl le cuesta conciliar el sueño. Teme que cualquier día los antidisturbios llamen a la puerta de su casa y le obliguen a desalojar el piso. «Vivo con el miedo en el cuerpo», confiesa. Cobra una pensión mensual de 285 euros. Su minusvalía, explica, le impide trabajar. Sufre ataques de ansiedad, está en tratamiento psiquiátrico y ha sido sometido a varias operaciones en los pulmones. «Con mi paga no me puedo meter en ningún alquiler», lamenta.

Raúl reside con sus padres en el piso social que la Junta de Extremadura concedió a su hermano en la calle Juan García García. Su hermano se marchó de la ciudad. Pero él sigue habitando una vivienda que no está a su nombre ni al de sus progenitores. La administración autonómica constató que el titular de la casa no vivía en ella.

Por eso, la Agencia de la Vivienda envió una carta a Raúl Bartel en la que le indicaba que debía abandonar el piso. En el escrito, fechado en el año 2006, la Junta le informaba de que había solicitado al juzgado una orden de desahucio. «La vivienda no está destinada a domicilio habitual y permanente del interesado», explicaba la administración autonómica en la misiva que llegó a las manos de Raúl.

Pero él se niega a abandonar el piso hasta que las instituciones públicas le entreguen otro a su nombre. No se arriesga, dice, a quedarse en la calle. Si Raúl Bartel no entrega a tiempo las llaves de la casa que la Junta concedió a su hermano y los antidisturbios entran en el piso, el inquilino perderá todas sus opciones para conseguir una vivienda social. «Yo no me voy de aquí hasta que me den una vivienda digna donde poder vivir», insiste Raúl.

La Agencia de la Vivienda ha confirmado que mantiene abierto el expediente de desahucio y recuerda que Raúl Bartel no puede ocupar ese piso porque no es el titular del mismo ni formaba parte de la unidad familiar cuando su hermano solicitó el inmueble.

El procedimiento legal

El vecino de la calle Juan García García comenta que se ha dirigido en reiteradas ocasiones a las instalaciones del Instituto Municipal de Asuntos Sociales para solicitar una casa, preferiblemente fuera de Aldea Moret. «Me han dicho que, por ahora, no me la conceden porque no hay viviendas libres y tengo que esperar». Por eso, Raúl no entrega las llaves, de momento. Desde la Junta de Extremadura se aclara que, en situaciones extremas, las viviendas sociales se adjudican de forma directa, sin listas de espera, previo informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La Junta de Extremadura tiene en Aldea Moret 650 viviendas de promoción pública. Están adjudicadas en régimen de alquiler a personas con recursos limitados. Además, el Ayuntamiento es titular de 461 pisos en este barrio. Las dos instituciones, Junta y Ayuntamiento, llevan años intentando acabar con las ocupaciones ilegales de estos inmuebles. Pero Raúl se resiste a dejar el bloque, a pesar de que su decisión le quite el sueño.