Tarazona se libra de la cárcel por trastorno de personalidad en el caso Sabina

Ni delito continuado de estafa, ni seis años de cárcel, ni una multa de 5.760 euros, ni una indemnización de 137.500 euros. Nada de nada. Todo eso lo pedía la Fiscalía en el mes de octubre, pero ayer, minutos antes de celebrarse el juicio, pactó con la defensa en uno de los casos con mayor repercusión de los últimos años. El almendralejense Agustín Tarazona, que organizó en 2006 en Mérida un concierto de Joaquín Sabina que finalmente no se celebró y cobró más de 5.000 entradas por y por el que tampoco devolvió el dinero a los que compraron sus entradas, sale casi indemne del proceso judicial que abrieron hace casi tres años las denuncias de unos 70 ciudadanos y el Ayuntamiento emeritense. La Audiencia Provincial, en su sección tercera, con sede en Mérida, ha condenado a Tarazona a una pena que no conlleva cárcel- dos años-, a una multa muy inferior -1.050 euros- y a pagar poco más de 5.000 euros por las entradas cobradas indebidamente -en teoría, vendió unas 5.500, con lo que obtuvo 137.500 euros-. El tribunal, presidido por el juez José María Moreno Montero, especificó que no tiene que abonar esos 137.500 euros y si 5.000 euros porque se corresponden con el número final de denunciantes que siguieron todo el proceso judicial hasta ayer y que ha demostrado documentalmente que contaban con entrada y con un cheque sin fondos que expidió Tarazona para, en teoría, devolver ese dinero.

El juicio se despachó en poco más de diez minutos aunque comenzó con dos horas de retraso. Tres años esperando el juicio y sólo ocho testigos como grandes damnificados del no concierto. Junto a ellos estaban otros dos damnificados, pero más desde el punto de vista político: los entonces concejales de Cultura, Fernando Molina, y de Festejos, Begoña Saussol, representantes de un Ayuntamiento emeritense colaborador directo en el frustrado concierto. Estoy aquí no por dinero porque sólo perdí 100 euros (compró cuatro entradas). Estoy para que gente como Tarazona no sigan estafando. La mejor condena sería que se le obligara a pedir disculpas y a devolver todo el dinero que cobró, comentó Alberto Blázquez, vecino de la barriada de Las Abadías. Otro ciudadano, en este caso dombenitense, ha seguido esperando tres años, metido en los juzgados, para estar como testigo en el juicio de Tarazona. Tampoco lo hacía por dinero ya que sólo compró una entrada. Se puede decir, sin equivocarse, que lo hacía por dignidad.

La Fiscalía, que estuvo representada por María Jesús Blanco, rebajó sus pretensiones iniciales y cerró rápido un acuerdo con Dionisio F. Benítez-Cano Pedrero, abogado del ya ex promotor musical. El Ministerio Público aceptaba un atenuante para rebajar su petición inicial: Tarazona sufrió un trastorno de personalidad. Algo, que según el tribunal, le limitaba a la hora de organizar espectáculos de todo tipo, como los que hacía Tarazona desde hace años y por los que se vio envuelto en polémicas con el Consistorio de Llerena por corridas de toros suspendidas, con el motorista Fonsi Nieto por una visita a Badajoz (con camisetas que cobró cuando, en teoría, eran gratuitas), con el cantaor Mercé por otro no concierto en Mérida y, la última, por suplantación de personalidad de un diputado provincial de Badajoz e intento de estafa a un empresario para alquilar atracciones de feria.

La condena de la Audiencia Provincial a Agustín Tarazona recoge también que, durante cuatro años, está inhabilitado para organizar eventos musicales, deportivos o de cualquier tipo que conlleven ánimo de lucro. Del mismo modo, Tarazona debe seguir en la Unidad de Salud Mental de Almendralejo un tratamiento psicoterapéutico de recuperación. También durante cuatro años. El presidente del tribunal se lo recordó, en tono paternalista, justo al acabar el juicio. ¡Preocúpese de no abandonar el tratamiento!, le aconsejó el juez. Tarazona, el mismo que segundos antes de conocer la sentencia le comentó a este periodista un no me enterao de ná , asintió antes de marcharse a casa junto a sus padres.