Sancionan con 700.000 euros a 50 empresarios por emplear a sin papeles

«Repugnante». Así calificó esta semana el Gobierno español el caso del inmigrante boliviano en situación ilegal que perdió un brazo durante un accidente laboral, y que sus jefes arrojaron a la basura para esconderlo.

El suceso ha provocado una gran conmoción en todo el país, y tanto los agentes sindicales como el Ministerio de Trabajo han insistido en la necesidad de que caiga todo el peso de la ley sobre los empresarios que no cumplan la ley y se aprovechen de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los inmigrantes ilegales que necesitan trabajar.

Pero aunque el caso del inmigrante boliviano resulte llamativo por su dramatismo, su situación es el día a día de muchos ciudadanos en España y en Extremadura, recuerda Nereo Rodríguez, secretario de Acción Social del sindicato UGT.

No existen cifras ni estimaciones de cuántos inmigrantes se encuentran contratados de manera ilegal en Extremadura, en las bolsas de economía sumergida de las peonadas del campo, la construcción, el trabajo del hogar, y la hostelería, principalmente, pero lo que sí se sabe es que ese submundo del empleo que no aparece en los datos oficiales «aumenta en tiempo de crisis», advierte UGT.

La Delegación del Gobierno también lleva tiempo intensificado la vigilancia de estas prácticas. El año pasado, por ejemplo, abrió medio centenar de expedientes a empresarios de la región por contratar a inmigrantes sin papeles.

En total, les impuso una multa de casi 700.000 euros, a una media de 6.000 por cada trabajador que estaba empleado de forma irregular. Aparte, los empresarios sancionados tuvieron que pagar los costes de la Seguridad Social no abonados, entre otros gastos.

40 expedientes este año

Este año, aunque aún no han empezado las campañas de recogida más intensas como la de la fruta estival, la vendimia y la aceituna, ya se han tramitado casi 40 expedientes, según informa la Delegación del Gobierno.

La cuantía de las multas dependerá del número de inmigrantes que tuvieran trabajando estos empresarios o de los que la Inspección haya podido documentar, porque muchas veces los irregulares huyen antes de que la Guardia Civil pueda coger sus datos, aclaran fuentes gubernamentales.

Desde hace dos campañas, sobre todo en la del año pasado, la presión vigilante sobre los trabajos agrícolas se hace notar, y se nota. Aún teniendo todos los papeles en regla, ver cómo la Guardia Civil rodea toda la finca, y empieza a solicitar la presencia del dueño resulta «algo desagradable», reconoce Catalina García, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

«Estoy de acuerdo con que se hagan las inspecciones porque hacen falta, pero el año pasado muchos fueron pillados sin que hubieran terminado de hacer los trámites para legalizar la situación de sus trabajadores, porque se vieron en la situación de que no llegaban los papeles, y los agricultores necesitaban recoger su fruta. Habrá de todo, pero la mayoría de los empresarios del campo quieren contratar de forma legal para no arriesgarse a que les multen», aclaró García.

En el mismo diagnóstico coincide Bibiano Serrano, responsable de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA). «No es que los empresarios quisieran contratarlos de forma ilegal. Es que se veían obligados a cogerlos aún sabiendo que estaban ilegales porque no encontraban la mano de obra necesaria en el momento justo de la recolección. La Administración es la que ha creado el problema al decir durante varios años que no hacía falta pedir contingentes de trabajadores extranjeros para el campo extremeño al existir, según decían, suficiente mano de obra disponible en la región», explicó Bibiano Serrano,

Pero la situación puede empezar a cambiar este año, según aseguran las organizaciones agrarias y sindicales.

Puede haber cambios

Tras la legalización automática de los rumanos y búlgaros que viven en España al acabar la moratoria que restringía su libertad de circulación en el país, y la vuelta al campo de muchos extremeños que antes trabajaban en la construcción y los servicios de las ciudades, los empresarios reconocen que se lo pensarán dos veces antes de coger en esta campaña a extranjeros sin papeles.

«Este año las cosas van a mejorar porque la mayoría de los rumanos ya pueden trabajar en las mismas condiciones que los españoles, y no hay problemas para contratarlos si se necesita su mano de obra. Aparte, están los autóctonos disponibles», advirtió Catalina García, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Según el último censo del Ine, de los 36.489 extranjeros que tienen residencia fija en Extremadura, 487 son búlgaros y 9.533, rumanos.

«Nunca ha habido justificación para contratar a inmigrantes de forma ilegal, pero este año menos que nunca. Si algún empresario lo hace este año es parque tienen ánimo de explotación. Ni más ni menos», criticó Nereo Rodríguez.

En su opinión, habría que realizar más inspecciones, pero la Administración carece de los medios suficientes.

También españoles

Además, los extranjeros que carecen de papeles ya no son los únicos que pueden convertirse en las víctimas de empresarios sin escrúpulos, sino que la crisis está provocando que muchos españoles acepten también trabajar de forma irregular, sin seguridad social, o sin la cobertura necesaria y obligatoria.

«Por ejemplo, cobran el paro y hacen unas peonadas en el campo, pero lo hacen por encontrarse en situación de necesidad, porque a lo mejor sólo cobran 600 euros de subsidio, y su familia tiene que seguir comiendo», señala UGT.

UPA también alerta a los empresarios agrícolas para que no incurran en el error de emplear a parados que cobren el paro, porque la multa puede ser incluso superior a los 6.000 euros.