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JUAN SORIANO
Miércoles, 21 de octubre 2009, 15:24
Manchas de humedad en el garaje, en las zonas comunes y en varias viviendas; grietas en el interior de los pisos y en la fachada; defectos en la carpintería exterior e interior; suelo en mal estado; persianas abombadas; alicatados deficientes; insuficiente aislamiento acústico. Así hasta más de 40 anomalías y desperfectos que ahora deberá corregir la empresa responsable de las obras.
La promotora Magenta deberá hacer frente a la reparación de los defectos denunciados por la comunidad de propietarios del número 10 de la calle José Martínez Ruiz 'Azorín', en la barriada de La Corchera. Se trata de 74 viviendas de protección oficial, con garajes y trasteros, que fueron entregadas a sus propietarios en el año 2002.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha ratificado en sentencia del 23 de julio de este año la condena emitida en 2008 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida, que estimó íntegramente la demanda presentada por la comunidad del citado edificio.
Informes periciales
Tal como recoge el fallo, la juez considera que las pruebas periciales aportadas por la demandada refrendan todas las deficiencias contempladas en la denuncia, para lo que se basa especialmente en un informe elaborado por la empresa Intemac, de referencia en todo el país.
A partir de ahí, entra a determinar las consecuencias jurídicas. A este respecto, indica que «la promotora puede incurrir en una responsabilidad derivada del incumplimiento contractual de no haber entregado las viviendas comprometidas en las condiciones necesarias de habitabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades que deban ser reprochadas a otras personas intervinientes en las mismas». De esta forma, no elude la posible implicación del arquitecto técnico, el arquitecto superior y la constructora que ejecutó las obras, pero en este caso señala que la demanda se dirige contra la contratista.
La sentencia también alude a que las viviendas contaban tanto con la calificación de protección oficial como con la cédula de habitabilidad, uno de los argumentos que había mostrado la promotora en su defensa. Para la juez, «ello no resulta incompatible con la existencia de la ruina denunciada por la demandante, ya que aquellos documentos de carácter administrativo se refieren a los números de metros de las viviendas y circunstancias semejantes, otorgándose los mismos con una inspección meramente superficial».
En conclusión, el fallo establece que la obra en la que Magenta intervino como promotora «presenta vicios que han de ser declarados como ruinógenos y que es imposible deslindar las responsabilidades de cada uno de los actores que intervinieron en la realización de la obra», lo que permite aseverar que «resulta debidamente acreditada la responsabilidad de la demandada en las presentes actuaciones».
Por todo ello, condena a Magenta a realizar a su costa las obras necesarias para la reparación de los defectos constructivos, adecuación a la normativa y adecuación a lo proyectado, así como al pago de todos los gastos necesarios para la ejecución de dichas obras, incluidos los honorarios de los técnicos cuya intervención sea necesaria y los gastos de licencias.
Proceso en marcha
Por su parte, Magenta indica a Hoy que en la actualidad los técnicos de la empresa se encargan de valorar la sentencia, tras lo que se verá la forma en la que se lleva a cabo la ejecución, bien entregando la cantidad estipulada para acometer las obras o bien realizando los trabajos con sus propios recursos.
A este respecto, Magenta señala que la valoración de las reparaciones necesarias asciende a 123.000 euros, lo que incluye el IVA y el beneficio industrial en caso de que se encargase a una empresa, lo que podría ahorrarse si la promotora decide acometer las obras sin recurrir a terceros.
De una u otra forma, la compañía apunta que mantiene el contacto con los representantes legales de los particulares afectados y que tratará de buscar la mejor solución para todas las partes, en especial para los vecinos.
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