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EUROPA PRESS
Miércoles, 3 de marzo 2010, 17:39
Los secretarios generales de CCOO y UGT Extremadura, Julian Carretero y Francisco Capilla, respectivamente, explicaron hoy al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que la reforma de pensiones "perjudica especialmente" a Extremadura.
La reforma afecta "más" a Extremadura que a otras comunidades debido a su "menor nivel de renta", la "precariedad" en el mercado de trabajo y unas pensiones "inferiores a la media nacional", según ha explicado hoy Julián Carretero.
Por su parte, Capilla subraya la dependencia de la economía extremeña al Régimen Especial Agrario y la "consecuente" temporalidad en el empleo. El cálculo de las prestaciones tendría efectos "negativos", teniendo en cuenta que existe un "alto índice de temporalidad, cercano al 37 por ciento".
Los dos líderes sindicales fueron recibidos hoy en Mérida por el presidente de la Junta de Extremadura. Ambos trasladaron a Vara el "rechazo sindical" a la propuesta del Gobierno central de retrasar la edad de la jubilación y expusieron los motivos por los que han convocado manifestaciones en Cáceres y Badajoz para el próximo sábado, 6 de marzo.
Carretero defiende que "lo prioritario es la activación de la economía y el empleo y que el Gobierno central debe dejar de enredar con la reforma de sistema de pensiones y ocuparse del paro".
El secretario regional de CCOO le trasladó a Vara, que como secretario general del PSOE de Extremadura y responsable de la Junta, debe trasladar al Gobierno central los "efectos negativos" de la reforma. "En caso de que esto siga así, continuarán las movilizaciones".
También aboga por que la Junta realice una revisión del plan de empleo y de la dinamización empresarial para "detener la sangría de destrucción de trabajo" en la Comunidad Autónoma.
Por su parte, Francisco Capilla señala que el documento de reforma del sistema público de pensiones del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "rompe la metodología habitual utilizada para cualquier reforma realizada".
"Cualquier reforma del sistema público de pensiones debe formar parte de un consenso político y social" y en estos momentos "los más interesados en el mantenimiento del sistema de pensiones son los representantes de los trabajadores", ha señalado Capilla.
"Lo normal" es que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo consultara con los expertos e hiciera un informe que fuera trasladado, posteriormente, a los agentes sociales.
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