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EFE
Viernes, 7 de mayo 2010, 18:08
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma (Proyecto LINCE), que "representa un cambio de mentalidad y un enorme alivio de cargas burocráticas", según ha destacado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
El Ejecutivo se ha reunido hoy en la localidad pacense de Puebla de Alcocer, de acuerdo con el compromiso de Fernández Vara de llevar los encuentros de este órgano por todas las comarcas de la región.
La Ley de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas es uno de los acuerdos incluidos en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura .
Según el documento de este pacto, esta norma, más que acortar plazos, obviará el carácter necesariamente previo de los mismos, exigiendo tan sólo una declaración telemática de empresa con unos datos mínimos para empezar a operar, "constituyéndose estas empresas a través de un régimen de declaración responsable".
Por otra parte, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para el estudio e intercambio de información sobre la reducción en un 30 por ciento de las cargas administrativas antes del 31 de diciembre de 2012, así como sobre la simplificación procedimental y la mejora de la reglamentación
Con esta medida, ambas administraciones pretenden impulsar la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos y demás procesos de gestión pública, reduciendo cargas burocráticas y fomentando la cooperación interadministrativa para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante las administraciones.
El Ejecutivo ha acordado además la publicación, en la página web oficial de la Junta de Extremadura , de las retribuciones netas que por todos los conceptos han percibido los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración regional en el ejercicio 2009.
Con ello da cumplimiento al compromiso asumido en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2009, por el que se aprueba el Código Ético de Conducta y se adoptan medidas de transparencia, contención y austeridad en la ejecución del gasto público.
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