El PER sólo beneficia a uno de cada cuatro trabajadores agrícolas

Son tres letras que llevan la polémica desde que nacieron. Corresponden a las iniciales del Plan de Empleo Rural, el mecanismo con el que el Gobierno de Felipe González quiso adaptar al campo extremeño y andaluz la protección por desempleo que gozaban los trabajadores del resto del país, se dijo entonces. Pese a todas las críticas que recibe, su peso real en la estructura laboral extremeña es bajo, apenas uno de cada cuatro trabajadores agrícolas se beneficia de este subsidio.

El campo da empleo de forma directa a casi 75.000 extremeños. De ellos, 61.355 trabajaban por cuenta ajena el mes pasado y unos 13.000 son autónomos, aunque ésta es una cifra que puede oscilar. La razón es que desde el año 2008 el Ministerio decidió sacarlos del régimen especial agrario para integrarlos en el de autónomos.

Al mismo tiempo, los últimos datos, del mes de abril hablan de 19.832 beneficiarios del subsidio. Exactamente suponen el 26,44% del total.

El número de agricultores que lo cobran está además reduciéndose con el tiempo. A comienzos de la década llegaron a ser casi 30.000. Es decir, han caído un 30%

El argumento que se utilizó para implantar el modelo era simple: las labores del campo tienen sus propios tiempos, muy vinculados a la estacionalidad, por lo que no se pueden pedir las mismas exigencias que al resto de trabajadores, que pueden cotizar durante todo el año.

La manera de hacerlo es de sobra conocida. Generalmente, para cobrar una cantidad durante seis meses, es necesario haber trabajado un mínimo de 35 jornadas, las famosas peonadas. De forma coyuntural, este año sólo son necesarias 20, debido a que las lluvias han impedido las realización de muchas labores agrícolas. Normalmente se cobra 426 euros mensuales más 2,83 euros diarios por la cuota fija a la Seguridad Social. Según la Federación Agroalimentaria de UGT, la media queda en 437,65 euros.

Para obras

Este dinero se denomina subsidio para trabajadores eventuales del régimen especial agrario y es una de las tres prestaciones que existen para este régimen de la Seguridad Social. Y el Aepsa (nueva denominación de lo que antes se llamaba PER), es sólo una parte del proceso. Como tantas otras veces, la gente toma la parte por el todo.

Realmente, Aepsa no es más que un fondo mediante el cual los ayuntamientos realizan obras con las que se pretende generar mano de obra. Con ellas se busca que algunos trabajadores agrarios puedan completar los jornales necesarios. Para ello es necesario tener más de 35 años o cargas familiares si se es menor. Estos trabajos los realizan bajo el régimen general, por lo que sufren retenciones y tienen que pagar las correspondientes cuotas.

Para los defensores del PER, se trata de una manera de asegurar el futuro de unas regiones que históricamente no han tenido las mismas oportunidades que otras dentro del conjunto de España. Añaden que así se fija la población a los territorios, evitando el éxodo rural.

Para los detractores, se trata de un modelo que elimina cualquier atisbo de iniciativa empresarial, con lo que coarta el desarrollo. También hacen mención a los fraudes que genera, tanto en las peonadas falsas que se apuntan como en las personas que trabajan al mismo tiempo que cobran el subsidio. Íntima relación con esto último tiene la antigua acusación de clientelismo: los beneficiados del sistema votan siempre al partido político que les beneficia.

Los defensores de una y otra teoría suelen lanzarse estos argumentos de manera periódica. El último rifirrafe tuvo lugar el pasado miércoles, cuando Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, criticó el PER en una entrevista radiofónica. Abundaba en que España está excesivamente subvencionada y que «esa subvención se utiliza después como instrumento cautivo del voto». Además de crear el consiguiente revuelo, las declaraciones dejaron un poso de extrañeza en ámbitos económicos y sociales. Duran tiene fama de hombre moderado, y según la encuesta del CIS, es el político mejor valorado del país.

Las reacciones no se hicieron esperar, y los dardos más certeros tuvieron un destinatario claro, las subvenciones que Cataluña concede a la industria del automóvil. Especialmente, a las destinadas para que el Grupo Volkswagen no hiciera una escabechina laboral en la planta de Seat en Martorell.

Los números son claros en este punto. Estas ayudas, a través de sus dos bloques fundamentales, han supuesto 67,6 millones de euros. Es casi el doble de dinero de los 36 millones que Extremadura recibirá del Aepsa este año para realizar obras, según se acordó en la última reunión sectorial. La cuenta sube si se tienen en cuenta el importe de los subsidios que se cobran, una media de 8,5 millones de euros mensuales. Pero no parece demasiado si se comparan con los 37 millones que se llevan todos los meses las prestaciones contributivas y con los 21 millones de los subsidios. Es decir, lo que cobran los que se le ha agotado el tiempo de la prestación.