El Ayuntamiento prohíbe la entrada a los periodistas a una rueda de prensa

El gobierno local de Plasencia ha vetado esta mañana a los medios de información la entrada al centro municipal de asociaciones de San Juan donde estaban convocados por la Plataforma por el Empleo de la ciudad a una rueda de prensa. Según explicó a los periodistas y convocantes una empleada municipal recibió instrucciones telefónicas de la responsable de prensa del Ayuntamiento para que no entraran los periodistas y para que los miembros de la plataforma no utilizaran los locales de las asociaciones para reunirse con los informadores.

Vista la situación, los portavoces de la plataforma se reunieron con estos a las puertas de la sede asociativa en la calle Fernando Calvo, del barrio de San Juan. Allí desplegaron la pancarta, presentaron el documento 'en Plasencia hay empleo' y explicaron sus propuestas para crear trabajos estables en la ciudad, además de realizar duras críticas contra la actitud municipal por tratar de impedir la libre información y expresión.

La Plataforma la integran diversos colectivos y la secundan 550 firmas «no digitales» recogidas entre la ciudadanía. El documento 'En Plasencia hay empleo', explicaron sus portavoces ha sido redactado con el fin de concienciar la ciudadanía, y especialmente a los trabajadores, con el fin de abrir un debate y dar a conocer medidas efectivas que creen empleo a corto plazo, tanto desde los sectores públicos como privados. Destaca la plataforma la cifra de 4.432 parados inscritos en la oficina del Sexpe en enero, número que consideran puede haberse incrementado.

Respecto al fomento del empleo, los integrantes de la plataforma plantean la creación de un observatorio municipal que estudie y analice posibles yacimientos de empleo y abogan por una mayor agilización de la burocracia municipal para acelerar los trámites de apertura de nuevos negocios, obras y reformas; reducción de impuestos y parking gratuito para los autónomos; o la promoción del cooperativismo con dos proyectos concretos. Una granja de engorde de porcino con residuos vegetales y frutales procedentes de establecimientos y de una embotelladora de agua en el Valle, que aproveche los acuíferos de la zona.

La potenciación de la ciudad como capital comarcal con nuevas carreras universitarias y servicios o el mayor aprovechamiento de sus posibilidades turísticas, energéticas, o de transformación de productos, son otras de las ideas por las que apuesta la plataforma como posibles fuentes de empleo.

En el campo de lo público apuesta por remunicipalizar los servicios públicos privatizados en el más breve plazo posible, con el consiguiente ahorro municipal y creación de empleo y la puesta en marcha de puntos limpios o cubrir las vacantes en servicios municipales.

Lo más llamativo de su propuesta es la fiscalización de los denominados 'gasto superfluos' municipales, que ellos cifran en 3.363.920 euros, dinero con el que se podría contratar a 280 personas durante un año con un salario de 1.000 euros al mes. Al gobierno local le piden también mas transparencia económica y que se haga una auditoría al terminar esta legislatura y otra al inicio. Un sistema de control de la gestión que debe institucionalizarse, señala la plataforma.

Respecto a los gastos superfluos estima el colectivo que son tales el 1,2 millones gastados en las escaleras mecánicas, que incumplen la ley de accesibilidad y provocan humedades y ruidos; 663.993 euros que costaron las isletas multimedia del Centro Comercial Abierto, califican como «bloques de chatarra sin el más mínimo sentido estético y funcionar»; 277.000 euros del módulo añadido al albergue juvenil de Santa Ana, «una amorfa estructura de chapa en pleno casco histórico» junto a un conjunto de inmuebles protegidos, edificados en el XVI; 334.257 euros de las 337 facturas de gastos hechos por los ediles sin cumplir el procedimiento en vigor y que considera la plataforma con «prácticas de gasto sin autorización», en referencia a 334 facturas por ese importe; y 360.000 euros resultantes de eliminar las corridas de toros de las ferias de junio que son altamente deficitarias para el consistorio.

A estas partidas suman otras de 84.000 euros del uso de teléfonos móviles por los ediles del gobierno municipal; 83.000 más de reducir a la mitad el salario de los ediles liberados y bajar el de la alcaldesa; y 359.960 que se podrían haber ahorrado en anteproyectos, proyectos y estudios de viabilidad, utilizando los recursos de otras administraciones, sin costo en vez de contratarlos a empresas privadas.