Cuatro agentes resultaron heridos en la 'emboscada' a la Policía

Un nuevo altercado nocturno vuelve a romper la tranquilidad en la barriada de Suerte de Saavedra. Más de medio centenar de vecinos se enfrentaron a la Policía Nacional y Local pasada la medianoche. Una docena de agentes acudieron a la confluencia de las calles Víctor Jara y Olof Palme tras la denuncia del dueño de una bocatería al que rompieron la luna del coche.

Antonio Chacón, presidente de la Plataforma para la Recuperación de Suerte de Saavedra y Los Colorines, asegura que los autores de los daños en el turismo avisaron a un numeroso grupo de vecinos para plantar cara a la Policía a su llegada a la barriada. En el operativo recibieron apoyo de la Policía Local. No obstante, de poco sirvió, porque comenzaron a llover piedras y palos desde los balcones, incluso fue lanzada una olla express desde una ventana.

Al menos cuatro agentes han recibido atención médica tras la emboscada cuando intentaban detener a la presunta autora de la pedrada que dañó la luna trasera de un vehículo estacionado en Olof Palme. Las lesiones sufridas son de carácter leve.

La Policía detuvo a una joven de 18 años que, según denunció su padre, fue arrastrada por los policías al interior de un coche patrulla.

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha confirmado a HOY que se produjo un altercado entre la Policía y los vecinos, sin aportar de momento más datos.

Para Antonio Chacón, lo ocurrido es un síntoma de la falta de control y autoridad en la barriada. Si la policía tiene que huir, qué le puede pasar a un ciudadano normal, se pregunta.

Esta misma mañana Chacón se ha desplazado a Mérida para protestar ante la Consejería de Fomento. Ha estado acompañado por dos vecinas de esta conflictiva barriada que denuncian amenazas de muerte por parte de otros vecinos. Ya han interpuesto varias denuncias por agresiones a familiares y daños en sus negocios. En el transcurso de la protesta, una de las vecinas ha sufrido un ataque de ansiedad y se ha desmayado.

En Mérida han pedido "amparo y explicaciones a la Junta". La Administración regional es propietaria de las viviendas sociales donde residen algunos de los responsables de los hechos. Por eso piden estas personas sean expulsadas de la barriada.

Chacón asegura que hay veinte desahucios en curso que han sido paralizados. Según él, por encontrarnos en época electoral, y eso a pesar de "saber que se sus inquilinos se dedican a la venta de droga".