240 millones para la extra de los funcionarios, dependencia, desempleo y autónomos

El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de Extremadura en el recurso que el Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, presentó en marzo de 2002 contra el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito que había entrado en vigor tres meses antes. Esta sentencia supone que la Junta puede cobrar de golpe 240 millones de euros que es la deuda que los bancos mantienen por este concepto, ya que una docena de entidades se negaron a pagar el tributo desde el principio.

La noticia del fallo la ha dado esta mañana en el pleno de la Asamblea de Extremadura el líder del PSOE Guillermo Fernández Vara, adelantándose a una rueda de prensa que para las 11.30 tenía convocada el presidente del Ejecutivo regional, José Antonio Monago.

Posteriormente, Monago ha dado a conocer qué hará con los 240 millones. Una buena parte, ha confirmado el presidente extremeño, irá para que los empleados públicos de la Administración regional y de sus empresas públicas, con el grupo Gpex y Canal Extremadura con las plantillas más numerosas, recuperen la paga extraordinaria de Navidad. Eso sí, no la cobrarán en diciembre sino en enero, confirma el consejero de Economía, Antonio Fernández. El pago de esas nóminas extras supone para la Junta unos 80 millones de euros. Monago ha dicho que legalmente no habrá problema a pesar de que un decreto del Gobierno central la eliminaba porque, de un lado, ya lo ha hecho Navarra, y, de otra parte, se dejaba la opción a los gobiernos autonómicos de recuperar la paga extra suprimida en el momento económico en el que pudiesen.

Aparte de esos 80 millones, Monago ha confirmado que destinará 13 para Dependencia, 3 para la formación de desempleados, básicamente a través de talleres de empleo (con lo que habrán otros 34 talleres más) y 1 millón para ayudas a autónomos. También ha dicho el presidente del Gobierno regional que "adelantará todo lo que se pueda" los pagos pendientes de la Administración regional a proveedores, sobre todo a la pequeña y mediana empresa y autónomos. Monago no ha concretado cuánto dinero aparta la Junta de los 240 que piensa recibir para estos pagos. El último dato ofrecido por la Junta dice que adeuda unos 300 millones a proveedores que son pymes y autónomos.

Del mismo modo, José Antonio Monago dice que la sentencia del Tribunal Constitucional servirá para "minorar el esfuerzo de ajuste que hemos tenido que hacer y estamos haciendo para cumplir el objetivo irrenunciable de déficit". En este sentido dijo que, según las cuentas de la Junta, el déficit extremeño, a 1 de noviembre, se situaba en el 1,47, por debajo del exigido 1,5. Aunque en meses anteriores los datos de la Junta y los del Gobierno central no han coincidido (el Ejecutivo de Rajoy la ha elevado siempre), Monago dice que, con toda seguridad, y más tras la sentencia del TC del impuesto bancario, la región "cumplirá sin problemas" el objetivo de déficit para este año.

Reacciones

El secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha pedido una reflexión profunda antes de decidir adónde van los 240 millones de euros que el Gobierno regional podrá cobrar ahora de los bancos, ya que además de la paga de los funcionarios hay problemas importantes como los 67.000 extremeños que no tienen ningún ingreso, o la falta de estímulos al crecimiento económico. La sentencia del Tribunal Constitucional es un "éxito colectivo" de la región pero solo posible gracias a que PSOE e IU aprobaron en su día la ley del impuesto bancario, "frente al voto en contra de quienes hoy nos gobiernan", en alusión al PP de Extremadura.

Para Vara, Monago se ha comportado como la familia que le toca la Lotería, descorcha el champán y sin pensárselo decide él solo, "pese a que no tiene mayoría parlamentaria", en qué se gasta el dinero.

Pedro Escobar, coordinador regional de IU, se ha felicitado por la sentencia y la recuperación de la paga extra, y subrayado que fueron Ibarra y Manuel Cañada (entonces portavoz parlamentario de IU) quienes sacaron adelante la ley del impuesto, "que demuestra que sí se puede sacar más dinero, de los que más lo tienen".

El impuesto bancario

El impuesto, implantado por la Junta bajo el mandato de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pretende vincular el ahorro regional a inversiones hechas dentro de la Comunidad; las entidades bancarias pueden deducirse a través de inversiones en materias determinadas que marca anualmente el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y así lo han venido haciendo las únicas que pagan, que son mayormente las entidades extremeñas. El tributo fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional a raíz de la presentación del recurso por parte del Gobierno central del PP, pero en octubre de 2002 levantó esa suspensión. El Gobierno nacional estimaba en su recurso que no puede tributarse sobre unos depósitos, los bancarios, que no están vinculados a ningún territorio; que con ello las entidades de crédito verían limitada su libertad para emplearlos en otras regiones, y en tercer lugar que la actividad bancaria ya estaba gravada por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

El tributo, según explicaba Gobierno nacional, significa que una Comunidad adopta medidas fiscales sobre bienes situados fuera de su territorio, ya que los depósitos bancarios no se encuentran en la oficina, ni necesariamente en el ámbito territorial de la comunidad donde se captaron», pues una vez depositados pierden su identidad». Por otro lado, las entidades financieras verían limitado su derecho a la circulación de capitales: si no quieren soportar la carga del impuesto deberán destinar ese dinero a inversiones dentro de Extremadura.

Un pequeño grupo de entidades financieras ha venido pagando; en el último ejercicio, el de 2011, 387.533 euros, pero la mayoría presentaron en su día recursos administrativos y lo que hacen, en vez de pagar a la Hacienda regional, es depositar ante ella un aval equivalente al de la deuda, razón por la cual fuentes políticas consideran que ahora, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que es definitiva, la Junta podrá cobrarse de inmediato el dinero, que ascendería según esas mismas fuentes a 230 millones de euros sumando los intereses.

Se estima que anualmente este impuesto puede proporcionar a la Junta unos 15 millones de euros, una vez descontadas las desgravaciones.