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M. FERNÁNDEZ
Jueves, 9 de mayo 2013, 11:07
El teléfono de Miguel Ángel González, párroco de Aldea Moret, no paró ayer de sonar para recibir felicitaciones. La justicia ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Obispado de la Diócesis de Coria-Cáceres para la celebración el próximo domingo, día 12, de la romería de Santa Lucía. En concreto, la Iglesia ha recurrido a la justicia para que el vallado actual no impida ni al acceso directo a la ermita -propiedad del Obispado y dependiente de Aldea Moret-, ni el aparcamiento de los coches, ni la acampada de los romeros en la finca de titularidad privada anexa a los terrenos de la Diócesis, en cuyo interior se encuentra el templo.
El Juzgado de Primera Instancia número siete de Cáceres dictó ayer un auto mediante el cual se garantiza este año la celebración de la romería en igualdad de condiciones que en años precedentes. Para ello, ordena a los propietarios de la finca Alcor de Santa Lucía -la anexa a la ermita- «que se abstengan de proseguir en su actitud de poner trabas al normal y pacífico desarrollo de la romería». El auto también obliga a la retirada del vallado «que circunda la ermita, de manera que no obstaculice el libre acceso» al templo, así como la retirada de parte de la valla de la finca «para permitir el aparcamiento de los coches y la acampada de los romeros». Estas medidas deben hacerse efectivas antes del próximo domingo.
La justicia considera que la tradición de esta fiesta está acreditada. «Existen pruebas suficientes de que la romería, junto con unos actos religiosos, tales como una misa y una procesión, además de una acampada en la ermita de Santa Lucía y sus alrededores, vienen desarrollándose desde tiempos muy antiguos y, de esta manera, se aporta documentación del año 1657 donde ya se habla de haber celebrado una misa en dicha ermita y hecho la fiesta de dicha santa», se argumenta en el auto.
Al tratarse de medidas cautelares, esta resolución solo tiene validez para la edición de este año. Además, está sujeta a dos condiciones. La primera es que el demandante -el Obispado en este caso- entregue una fianza de 500 euros, una cuestión que se solventó ayer mismo, según indica González.
La segunda condición es que la parte demandante debe interponer un pleito principal -hasta ahora solo había solicitado las medidas cautelares por el carácter urgente de la cuestión- en un plazo de 20 días, que continuará su trámite legal hasta que se resuelva definitivamente el conflicto planteado. En este caso, la decisión afectaría a los años sucesivos de la romería y no a éste.
El párroco de Aldea Moret avanzó ayer que, tras conocer el auto del Juzgado de Primera Instancia número 7, los servicios jurídicos del Obispado se han puesto ya a trabajar para estudiar en qué términos se plantea esa demanda principal.
Contra la resolución judicial que garantiza la romería para este fin de semana no cabe recurso. Su incumplimiento, por parte de los propietarios de la finca, implicaría incurrir en un delito de desobediencia. José Carlos Caldera, uno de los dueños de los terrenos, manifestó ayer que acatará el auto. «Va a haber zona de aparcamiento y de acampada», dijo, tras solicitar a la jueza que ha dictado el auto una aclaración del mismo al considerarlo «impreciso». Eso sí, avanza que exigirá que la finca quede limpia una vez finalizada la romería. Y, además, anuncia que cuando se ponga en marcha el proceso judicial previsto una vez que el Obispado interponga la demanda, reclamará daños y perjuicios al considerar que se ha presentado documentación falsa por parte de la Diócesis para reclamar las medidas cautelares.
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