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EFE
Viernes, 24 de mayo 2013, 18:25
El Ayuntamiento de Badajoz ha aseverado hoy que "no es legal" el macrobotellón publicitado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación por la discoteca de verano "Riviera", situada en la carretera de Olivenza, previsto para mañana sábado en el parking de dicho local.
El portavoz en funciones del grupo de Gobierno municipal, Celestino Rodolfo, ha informado de este asunto en la rueda de prensa para dar a conocer los temas tratados en la Junta de Gobierno Local.
La reacción del ayuntamiento surge a raíz de una denuncia presentada por escrito en el registro municipal por un ciudadano, en la que dejaba constancia de este hecho.
Asimismo, alertaba de que el espacio propuesto para el macrobotellón - el parking de la discoteca "Riviera"- no es un lugar autorizado, de acuerdo a la Ley de Convivencia y Ocio de Extremadura.
Celestino Rodolfo ha señalado que, tras esta denuncia, la institución municipal ha comprobado que la discoteca "Riviera" tiene autorización como discoteca de verano en su espacio interior, pero no para organizar un macrobotellón en el parking exterior.
Por esta razón, se ha enviado una comunicación aduciendo la ilegalidad de la fiesta a su propietario, y se ha puesto también en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Extremadura para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establezcan los controles necesario.
El Ayuntamiento de Badajoz ha insistido en que este macrobotellón "no está autorizado", de manera que la institución no es responsable de los que pudiera suceder en el mismo en caso de celebrarse.
Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el gasto de 107.690 euros correspondientes a una anualidad del servicio de mantenimiento del servicio público de alquiler de bicicletas; y el gasto de 21.683 euros para la compra de materiales para la reparación de las bicicletas de este mismo servicio.
Dentro de los asuntos de asesoría jurídica, Rodolfo ha informado de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que ordena que se inicie el expediente de expropiación de unos terrenos de 24.000 metros ubicados donde está el actual recinto ferial.
La sentencia, según Rodolfo, recoge que la valoración de los terrenos ha de hacerse como urbanizables y no como "no urbanizables" como en un principio pretendía la institución municipal.
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