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La Junta asegura que "lo que hace es aplicar la norma" en el cierre de la televisión de Jerez

El Gobierno regional ha remitido al Ayuntamiento un escrito obligándole al cese de las emisiones de Televisión Jerez en un plazo de cinco días

PPLL

Jueves, 7 de noviembre 2013, 18:20

La Junta de Extremadura ha salido hoy al paso de las críticas del equipo de Gobierno de Jerez de los Caballeros al defender que con su orden sobre el cierre de la televisión local "lo único que hace es aplicar la norma", en este caso, la Ley de Comunicación Audiovisual y el decreto que la desarrolla.

El Gobierno regional ha remitido al Ayuntamiento un escrito obligándole al cese de las emisiones de Televisión Jerez en un plazo de cinco días al no contar este medio de comunicación con la concesión administrativa necesaria para prestar este servicio.

Un cierre que, para la concejala de Cultura, Virginia Borrallo, supone un menoscabo al derecho de todos los ciudadanos a la información, declaraciones que han sido tildadas por la Junta de "graves" por tratarse de un cargo público.

En rueda de prensa, el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha sostenido que la Junta "no cierra ninguna televisión", ni menoscaba el derecho a la información, sino que "simplemente solicita el cumplimiento de la legalidad", como ha hecho en otros municipios tanto gobernados por el PSOE como por el PP, entre los que ha citado Zalamea de la Serena o Cabeza del Buey.

Ha insistido en que "la primera obligación de un cargo público es vincularse al principio de legalidad" y cree que, con sus palabras, la edil da "un mal ejemplo", pues de igual forma que apunta que se podrían mantener las emisiones de la emisora municipal de manera irregular, que "le diga a los ciudadanos que es posible también que se den las irregularidades urbanísticas o no pagar el IBI".

Nevado-Batalla ha indicado que "hay que ser serios y rigurosos", porque su departamento lo único que pretende es "ayudar a regularizar" la actividad de muchas emisoras locales, y ha reiterado que las declaraciones de Borrallo es "una impostura" por ser "un cargo público, vinculado en su juramento y promesa, al mantenimiento del principio de legalidad".

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