La defensa dice que si el interventor hubiera actuado bien no existiría el caso Plasencia

Después de cuatro maratonianas jornadas, el juicio por el llamado caso Plasencia ha terminado hoy a las cinco de la tarde. Un último día en el que el fiscal, la acusación popular del PP y las defensas de los siete imputados presentaron sus conclusiones y las argumentaron, después de haberlas elevado a definitivas el día anterior.

Todos los letrados de los acusados aseguraron que si el interventor del Ayuntamiento, Roberto del Olmo, hubiera cumplido con su labor fiscalizadora, el caso Plasencia no habría existido. Porque los abogados de los siete acusados explicaron ayer que el interventor se limitó a escribir unas observaciones cuando pensaba que se estaba cometiendo una ilegalidad, en lugar de paralizar los procesos de propuestas de gastos y evitar así que las siete obras que han centrado el proceso judicial, si de verdad tenían una cuantía para ser tramitadas como contratos mayores, se hubieran adjudicado de forma directa al constructor José Antonio Romero Vega.

Más allá de si las secretarias que tenían delegadas las funciones de los políticos intervinientes en este proceso de contratos menores hayan visto o no las observaciones del interventor, las defensas sostienen que éste, como garante de la legalidad en materia económica, debería haber puesto fin a las irregularidades. Además de artículos varios, los letrados sustentaron ayer sus argumentos en las declaraciones del secretario del Ayuntamiento. Antonio Santibáñez dejó claro en su interrogatorio que el interventor no actuó de forma correcta.

«Si hubiera actuado bien no hubiera habido proceso penal», dijo ayer el abogado defensor de la exalcaldesa Elia María Blanco.

Por este motivo, los letrados aseguraron que no existe el delito de prevaricación del que se les acusa por parte del fiscal y de la acusación popular del PP. Porque no sabían que estaban actuando de forma ilegal, puesto que todas las propuestas de gasto objeto del proceso judicial cuentan con el visto bueno del interventor.

Por otro lado, también señalaron que tampoco los imputados son culpables de los delitos de tráfico de influencias y fraude, como mantuvieron tanto el fiscal como la acusación popular por otro lado.

En el primer caso, según explicaron y entre varias argumentaciones, porque para que exista tal delito tiene que haber una relación con el constructor que no ha quedado acreditada en la vista. Hay concejales que no conocían a José Antonio Romero Vega, quien así lo ha reconocido en el juicio de la misma forma que ha dejado claro que incluso con la exalcaldesa mantenía una mala relación. Por ello la defensa cree que si no hay previa relación no hay confabulación. Además, tal como señalaron ayer la mayoría de los abogados, ni se han especificado las fechas ni los lugares en los que supuestamente se llevó a cabo esta confabulación.

En el segundo caso, en el delito de fraude, todos también han asegurado que no se ha demostrado que se haya perjudicado al erario público. No solo porque las obras del proceso se han ejecutado, sino porque, según ellos, el informe pericial que dice que hubo sobrecoste en cinco de las siete obras, no es completo, como en el juicio reconoció su autora y otros peritos llevados por la defensa.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia.