Los propietarios de huertas de Plasencia piden que se ejecute la sentencia del TS

Los propietarios de terrenos expropiados en las huertas de La Isla de Plasencia han pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo, mientras que el Ayuntamiento de la capital del Jerte ha solicitado "más tiempo" al juez.

Así lo ha puesto de manifiesto en nota de prensa el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, quien ha informado de los detalles de la última comparecencia que tanto el Consistorio como los propietarios han realizado hoy ante el TSJEX.

Según ha explicado Pizarro, la reunión perseguía el objetivo de llegar a un acuerdo final con los propietarios para conseguir que la sentencia que obliga a las arcas municipales a pagarles unos 40 millones de euros pueda ejecutarse de la manera "menos traumática" para el devenir de la ciudad.

Así, en el transcurso de la reunión los representantes de los propietarios han solicitado la ejecución de la sentencia, mientras que el primer edil placentino ha insistido en la "imposibilidad" de que los fondos municipales hagan frente a esta deuda de manera directa sin que esto afecte a los servicios ciudadanos.

En este sentido, el juez ha anunciado a las partes que esperará para tomar una decisión definitiva a que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre la posibilidad de que Plasencia pueda elevar su techo de deuda hasta el máximo permitido para la Administración local (110%) y poder así hacer frente a su plan para ejecutar la sentencia de las huertas de La Isla.

Tras haber fallado el Tribunal Supremo en contra de los intereses municipales -ratificando la postura del TXJEX- en un conflicto urbanístico que se originó en el año 1970, el Gobierno local se ha apoyado en la revisión del Plan General Municipal, actualmente en ejecución, para buscar una salida urbanística que evite el colapso total de las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Plasencia presentó recientemente al TSJEX dos alternativas distintas para pagar esos 40 millones de euros, una basada en la entrega del suelo y otra en la entrega de dinero líquido durante 20 años, alternativa que necesita del visto bueno de Hacienda por cuanto supondría aumentar el endeudamiento de las arcas municipales.