El sector agrario, inquieto ante la posible prohibición del glifosato

Claudio Mateos

Plasencia

Lunes, 9 de octubre 2017 | Actualizado 25/01/2019 11:07h.

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La iniciativa ciudadana con más de 1.200.000 firmas que se ha presentado ante el Comité Económico y Social Europeo (CESE) para que la Unión Europea no renueve la autorización para usar glifosato ha puesto en guardia al sector agrario, que considera que a día de hoy no existe una alternativa viable que permita prescindir de este herbicida de amplio espectro, que en el año 2015 fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «un probable carcinógeno para los seres humanos».

La polémica en torno al glifosato ha sido permanente desde que en la década de los setenta fue comercializado por primera vez por la multinacional Monsanto, una de las grandes bestias negras para los colectivos ecologistas. No existe un consenso internacional con respecto a su toxicidad, ni siquiera dentro de la propia Unión Europea, donde países como Francia e Italia han pedido que se deje de utilizar, mientras que otros como Alemania no acaban de decantarse de manera clara por una postura. La decisión está anunciada para este mes de octubre, con la posibilidad de renovar la autorización por un máximo de 10 años.

El glifosato, bajo sus distintas denominaciones comerciales, es el herbicida más utilizado del mundo por su bajo coste y su alta efectividad, en especial para eliminar hierbas y arbustos perennes. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos lo tiene catalogado como de «baja toxicidad» y, pese al aviso de la OMS de que se trata de un posible cancerígeno, las organizaciones de agricultores esgrimen por su parte otros estudios que, según afirman, constatan su inocuidad. Los ecologistas han acusado a los responsables de algunos de esos estudios de estar financiados por las multinacionales que venden glifosato, entre ellas Monsanto.

Los agricultores basan también su petición de poder seguir usando este producto en que de lo contrario el campo perdería, sólo en la Unión Europea, cerca de 2.000 millones de euros anuales y 5.000 puestos de trabajo. Así lo manifestó recientemente ante el comité técnico del CESE el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, quien manifestó en su intervención la «postura unánime de todos los agricultores europeos a favor del glifosato». Aseguró además que, según han puesto de manifiesto diversas agencias gubernamentales de todo el mundo «la sustancia activa glifosato no es cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción». Desde Extremadura, Asaja ha criticado la «falta de rigor y seriedad» de los informes que atribuyen propiedades cancerígenas a este producto. Lamenta además que desde que se pronunció la Agencia Internacional sobre la Investigación del Cáncer de la OMS se generó «una honda e injustificada preocupación en cientos de miles de agricultores afectados, así como una profunda confusión en el uso de esta herramienta agrícola, al margen de la inseguridad causada en los consumidores».

También la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha defendido ante el CESE el uso del glifosato. Su secretario de relaciones internacionales, José Manuel Roche, dijo en Bruselas que «los agricultores europeos deben poder tener acceso a herramientas seguras conforme a las evaluaciones científicas de las agencias y autoridades reguladoras competentes de la UE». Según UPA, «existen pruebas más que suficientes de múltiples fuentes para que los reguladores aprueben con seguridad el producto para el uso que está previsto».

Las organizaciones ecologistas, por su parte, se oponen con rotundidad al uso del glifosato. Un informe de Greenpeace España apunta que su efecto cancerígeno es probable en las personas y evidente en los animales, y también tiene impacto en el medio ambiente porque contamina el suelo y el agua. Recuerda además que existen alternativas ecológicas al uso de pesticidas químicos, que han sido implantadas ya con buenos resultados por muchos pequeños agricultores. Ecologistas en Acción considera el glifosato «la punta de lanza de un arsenal químico que perjudica nuestra salud», ya que asegura que, mientras el debate se centra en la renovación o no de la autorización para utilizar este producto, «la industria de los agrotóxicos está introduciendo en el mercado otros herbicidas aún más potentes y venenosos».