Creen que Fragoso quiere retrasar el derribo del Cubo

Retrasarlo cuanto más mejor. Es lo que creen en Amigos de Badajoz que trata de hacer el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, con el derribo del Cubo de Biblioteconomía.

Esta semana, el delegado de Urbanismo, Celestino Rodolfo, ha informado que el Ayuntamiento pretende realizar las obras antes de final de año pero que están pendientes de recibir el visto bueno a la demolición por parte de la comisión provincial de Patrimonio. La Alcazaba es un bien de interés Cultural y quieren tener luz verde por parte de esta comisión encargada de velar por el patrimonio de la región antes de rebajar las dos plantas superiores de la edificación.

Sin embargo, la asociación que denunció la construcción del Cubo hace más de trece años en los juzgados pide al Ayuntamiento que desarrolle las obras que ha dictado el Tribunal Supremo sin más dilación. El presidente del colectivo, Manuel Márquez, destaca una frase de la sentencia emitida por el alto tribunal en octubre. En ella, ordenaba realizar las obras durante el verano y, además, recogía que: «no cabe oponer la denegación de la autorización por patrimonio histórico para excusar el cumplimiento de la sentencia; en su caso, dicha denegación sería nula de pleno derecho por dictarse con la finalidad de eludir el cumplimiento de lo juzgado».

La comisión de Patrimonio se reunió el 25 de mayo. La asociación tiene voz y voto en este órgano. Allí se acordó, según Manuel Márquez, que se pedirán una serie de informes antes de emitir una decisión sobre la demolición que ordena el Supremo. «En definitiva, se pretende desobedecer la sentencia», dice Manuel Márquez. «El Ayuntamiento está tratando de enredar y complicar la ejecución de la sentencia, pero lo único que puede hacer es cumplirla», insiste el presidente de la asociación. «Resulta más sorprendente aún el hecho de no concretar a qué técnicos u organismos se pedirán los supuestos informes», subraya.

A su juicio, la comisión pedirá informes que se contradigan para tener que estudiarlos y, en consecuencia, dilatar el dictamen propio. «Como si un órgano administrativo pudiera pronunciarse sobre algo que ya ha determinado el Supremo, que es el más alto tribunal español». La asociación hizo constar en el acta de la comisión del pasado día 25 de mayo que rechazaba «cualquier intento de dilatar la ejecución de la sentencia».