Escrache a Monago por los desahucios sociales

Miembros del Campamento Dignidad acamparon en la madrugada del martes al miércoles frente a la casa del presidente de la Junta, José Antonio Monago. En la legislatura pasada ya hubo otros casos de protestas de familias que se instalaron en Mérida frente a las puertas de la residencia presidencial. El de la pasada madrugada en Badajoz fue el primer escrache a Monago, en esta ocasión frente a su domicilio particular.

El objetivo era llamar la atención por la política de desahucios sociales que está ejecutando la Junta de Extremadura. Dos personas a los que la Consejería de Fomento quiere echar de sus casas, y que afirman tener hijos menores a su cargo, estuvieron presentes en la acampada, que transcurrió sin incidencias.

En comparación con otros escraches, esta acción reivindicativa fue totalmente pacífica, sin griterío ni pancartas. Se podría decir que los protagonistas conocían de antemano el guión que debieran seguir para llamar la atención del presidente extremeño sin ser desalojados. Al filo de la una de la madrugada, y tras entregar sus documentos de identidad a los agentes que vigilaban la entrada a la urbanización privada, doce personas (luego llegaron más) se apostaron en la acera de enfrente y pasaron allí la noche tras recibir consejos policiales, como que tuvieran cuidado de no invadir la calzada para no ponerse en peligro si pasaba algún vehículo.

Cuando por la mañana Monago salió en su coche oficial camino de un acto en el campus pacense apenas les dirigió una mirada seria y se esfumó. La intención de los miembros del Campamento Dignidad era continuar la protesta en la universidad, blindada policialmente. Pero abandonaron la idea cuando uno de los afectados comunicó que se paralizaba su desahucio. Algunos lo calificaron como una pequeña victoria fruto de la reivindicación iniciada horas antes.

En realidad, solo había sido aplazado, matizó ayer por la mañana el delegado del Gobierno, Germán López-Iglesias, quien restó importancia a lo ocurrido. Según dijo, «no entiendo es que haya gente con tan pocas cosas que hacer». Además, explicó que el desahucio por el que se protesta no es por impago sino por un motivo puramente administrativo y tras sentencia judicial.

Incumple el acuerdo

Según Manuel Cañada, uno de los líderes de los campamentos Dignidad y presentes en la acampada nocturna, la cifra de 1.300 expedientes abiertos en viviendas sociales de la Junta es «una salvajada». Para el activista, «el casero no es cualquier casero, ya que se trata de la administración, que tiene las competencias en materia de vivienda y tiene que garantizarle casa a la gente. La Junta está siendo peor aún que los bancos. Lo que están haciendo es completamente ilegal y lo vamos a denunciar», añadió.

El recurso tipo con el que muchos de los desahuciados están recurriendo a la Justicia para evitar las decisiones de la Junta apela por un lado a la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna; por otro al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; y en tercer lugar al acuerdo adoptado en la Asamblea de Extremadura este año por el cual todos los grupos parlamentarios acordaron «la paralización inmediata de todos los procedimientos de viviendas sociales, cualesquiera que fueran las causas que motivaron el inicio del expediente administrativo, hasta que acabe la crisis actual».

Domingo Romero Salazar, con dos hijos menores de edad, es uno de los afectados. Su abogado, José Duarte, que no comparte este tipo de protestas, le comunicó ayer por la mañana que había conseguido aplazar el lanzamiento. Su caso se basa en que tras cumplir con la justicia por un delito contra la salud pública, Fomento usó el argumento de que tenía otra vivienda. Duarte presentó la documentación que acredita que fue vendida hace años, de ahí el aplazamiento.

Según la nota enviada ayer por la Consejería de Fomento, la Junta garantiza que todos los desahucios de viviendas de promoción pública que están teniendo lugar en Extremadura son consecuencia de expedientes justificados y avalados por la justicia. Los servicios sociales -afirma el comunicado- analizan la situación de cada familia, «impulsando sólo los procesos de lanzamiento cuando se trata de situaciones en las que se acredita el mal uso reiterado de un bien público como es una vivienda social».