Patrimonio pide ahora que se amplíe el proyecto para rebajar el Cubo

Hay que añadir más datos al proyecto para rebajar el Cubo. Es lo que acordó ayer la comisión provincial de Patrimonio, a la que el Ayuntamiento había pedido hace meses que se pronunciara sobre las obras determinadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El objetivo era que este órgano resolviera si la ejecución de la sentencia atentaba contra la Ley de Patrimonio.

La comisión se reunió en julio y pidió dos informes: uno al Instituto de Patrimonio Cultural de España y otro a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Según el comunicado que difundió ayer la Junta de Extremadura, «ninguna de las instituciones consultadas han entrado a valorar técnicamente el proyecto presentado por el Ayuntamiento, por lo que no han dado su aprobación expresa al mismo». Así que la comisión decidió solicitar un pronunciamiento a la ponencia técnica de la propia comisión sobre los «detalles técnicos del proyecto».

Y en base a esa información, la comisión pide al Ayuntamiento que amplíe ahora el proyecto para rebajar el Cubo. Una vez rectificados los aspectos que considera necesarios, el Consistorio tendría que mandar de nuevo el proyecto a la comisión para «su comprobación y posterior aprobación». Advierten varias veces en el comunicado que estas observaciones se realizan «con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del TSJEx y en pro de la colaboración con la Administración de Justicia».

Las «observaciones» al proyecto afectan a la fase de derribo, a la restitución de edificaciones y a la afección de las nuevas edificaciones al lienzo de la muralla.

Respecto a la fase de derribo, deben especificar las medidas preventivas concretas que se van a adoptar y los estudios geotécnicos que se van a realizar para asegurar que no se producirán daños a la Alcazaba, que es Bien de Interés Cultural.

Sobre la restitución de edificaciones, los técnicos de la comisión piden más documentación acerca de su estado original para avalar que las intervenciones, tanto en algunos vanos como en materiales estructurales y ornamentales, se ajustan con objetividad a su estado original.

Piden también estudios geotécnicos, arqueológicos y estructurales de la zona de la muralla afectada por la actuación. Advierten que pueden aparecer restos que condicionen total o parcialmente el proyecto. Además, solicitan un apartado referente al sistema de drenajes.

El Ayuntamiento, como se ha indicado antes, tendrá que ampliar el proyecto y volver a enviarlo a la comisión para que lo comprueben. El Gobierno local no se pronunció ayer al respecto. Quienes sí opinaron fueron Amigos de Badajoz, que iniciaron el procedimiento judicial hace 15 años y a los que los jueces han dado la razón. El Ayuntamiento concedió unos permisos para la construcción del edificio que contravenían la normativa urbanística de entonces y por eso se le condena.

El presidente de la asociación, Manuel Márquez, consideró que la comisión de Patrimonio «está mostrando una preocupación enfermiza porque las obras se lleven a cabo de una manera tan escrupulosa como irresponsable». Márquez añadió que este órgano «actúa por mandato de la Dirección General de Patrimonio, que olvida también que el Tribunal Supremo hizo suyo el reproche contenido en el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el que se aducía que los instrumentos de control de los que dispone dicha Dirección General fallaron de manera clamorosa».