El 'Cubo' de la Alcazaba (En torno a la Comisión Provincial de Patrimonio de Badajoz y otros aspectos colaterales)

COMO autor del informe pericial para el Juzgado sobre el contencioso-administrativo de las obras de la Facultad de Biblioteconomía, me veo en la obligación de escribir este artículo con objeto de aclarar el, cada vez, más enturbiado asunto del 'Cubo y anexos' ubicado en la Alcazaba de Badajoz. Sirvan también estas líneas como ampliación del excelente texto publicado por don Manuel Márquez Martín en HOY de fecha 27 de enero, bajo el título de 'La Comisión de Patrimonio de Badajoz', y al que me refiero también en el encabezamiento de este artículo como continuación o segunda parte.

Pienso que lo que mal empieza peor acaba, y este asunto del «mínimo derribo» está llegando al más absoluto de los dislates. Voy a intentar argumentarlo:

Primero. Sentencias del alto Tribunal Supremo y del Superior de Justicia de Extremadura, máximas autoridades para interpretar las leyes, en donde queda manifiestamente clara la ilegalidad urbanística de las obras promovidas por la anterior Consejería de Cultura socialista, con la complacencia de la licencia de obras concedida por el actual Ayuntamiento de Badajoz. Y he empleado el término «mínimo derribo» porque de los casi 2.300 metros cuadrados construidos ilegales (en los que se incluían las aulas de la Facultad, el 'Cubo' entero y el bajo cubierta del hospital) que constaban en mi informe pericial y que aceptó la sentencia del Tribunal Supremo, únicamente se va a proceder al derribo de unos 500 metros cuadrados (los aproximados de las dos plantas superiores del famoso 'Cubo').

Segundo. Tal 'tijeretazo' fue el resultado de un informe de la Academia de Bellas Artes de San Fernando realizado a petición del Tribunal de Justicia de Extremadura, informe tremendamente duro sobre la inadecuación arquitectónica del proyecto de la Facultad en el recinto badajocense de la Alcazaba pero que rebajaba enormemente la pena del delito.

Tercero. Las maniobras orquestadas por el Ayuntamiento, quien en su momento incumplió su propia normativa urbanística y que, en la actualidad, se muestra escrupuloso por exigir a la Comisión de Patrimonio el cumplimiento legal. Táctica claramente disuasoria, empleada para cargar 'el muerto' a la corporación entrante tras las elecciones próximas de mayo con el objetivo de que la demolición exigida por el Tribunal de Justicia la hagan los que vengan.

Y es que la propia Comisión de Patrimonio va a ser, seguramente a la postre, quién va a pagar los 'platos rotos' sobre este asunto en el que los ciudadanos badajocenses nos vamos a gastar la friolera de unos 800.000 euros de nuestros bolsillos sin que se haya depurado ni una sola responsabilidad política ni técnica. Y eso, a pesar de que el grupo municipal de IU haya emplazado, en varios plenos, al cumplimiento de la Ley de Administración Pública acerca de la obligación de los responsables funcionariales a pagar, con sus propios medios económicos, su ineptitud administrativa. Y ahora pregunto: ¿Por qué IU no lleva este delito ante la Fiscalía o al Juzgado de Guardia más próximo, presentando la ley como prueba?

La Comisión Provincial de Patrimonio se encuentra, actualmente, en la encrucijada de tener que pronunciarse sobre el proyecto de derribo y reconstrucción de las obras presentado por el Ayuntamiento con la contradicción de que, si lo aprueba incumple la propia ley 2/1999 de Patrimonio Histórico del GOBEX que está obligada a respetar, y si lo rechaza es ella quien está retrasando el cumplimiento de la sentencia de los tribunales de justicia. Castigo más que merecido por, en su momento, no haber sido firme en el rechazo del proyecto de la Facultad y por no ser independiente en sus deliberaciones sobre este tema y algunos más.

Y es que, de los 15 miembros que componen tal Comisión exclusivamente no representan a las instituciones públicas 5 de ellos (los de los Colegios de Arquitectos y de Aparejadores, el de la Asociación del casco antiguo, el de Amigos de Badajoz y un arquitecto de «reconocido prestigio» que no se sabe qué prestigio tiene ni quién se lo ha reconocido). Todos los 10 restantes son funcionarios de la Administración y, como tales, obedecen las consignas de sus jefes políticos.

Sirva como colofón, reivindicar pues la modificación urgente del Decreto vigente del GOBEX de fecha 13 de junio de 2001 que regula la composición de los miembros de la actual Comisión de Patrimonio, mucho más independiente si hubiera una mayoría de técnicos no funcionarios y más representantes de colectivos patrimoniales, con objeto de una mayor transparencia, participación y democracia acorde con los tiempos que corren.