El Colegio de Abogados atiende gratis a los hipotecados con problemas

Los martes y jueves, de diez a doce de la mañana, en la sede del Colegio de Abogados de Badajoz -esquina de la calle Martín Cansado del Casco Antiguo- Beatriz Guiberteau y Juan Carlos Pozo revisan hipotecas, estudian demandas y buscan alternativa a los desahucios.

Guiberteau y Pozo se encargan de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, un servicio que arrancó en febrero gracias a un acuerdo entre el colegio profesional y el Ayuntamiento de Badajoz.

Los dos letrados son especialistas en este tipo de procesos y asesoran de forma gratuita a quienes no pueden pagar un abogado para conseguir condiciones más ventajosas en los conflictos con los bancos.

Estudian cada caso que les llega, se ponen en contacto con las entidades y acompañan a los usuarios si es necesario hablar con los directores o abogados de las entidades. El objetivo, explican, pasa por conseguir un acuerdo extrajududicial.

Para Guiberteau, se trata de una respuesta urgente y eficaz a una lacra social que se inició a partir de 2007 con el desplome de la actividad económica y el aumento del paro. Ya han atendido más de doscientos casos, pero los letrados creen que podrían llegar a mucha más gente porque es un servicio todavía desconocido en la ciudad.

El colegio también firmó hace poco un acuerdo similar con la Diputación de Badajoz para extender la asesoría especializada gratuita a vecinos de otros pueblos de Badajoz. «Nosotros les informamos y cuando salen de aquí saben las condiciones de su hipoteca y lo que se puede negociar con el banco».

Los dos abogados confirman que un alto porcentaje de los usuarios que han pasado por la oficina ha conseguido condiciones más ventajosas gracias a la mediación, pero las posibilidades de éxito dependen del momento en el que se encuentre el proceso y de la entidad que tengan enfrente. No todas están dispuestas a aceptar una reestructuración alargando los plazos y reduciendo las cuotas.

Más allá de la predisposición de la otra parte, no hay las mismas opciones con la sentencia de ejecución en la mano que, por ejemplo, con dos letras impagadas. También han atendido casos de clientes que siguen pagando pero quieren informarse porque se han quedado en paro o sin prestación y en un mes o dos van a dejar de cumplir con su obligación.

«Siempre intentamos que la otra parte ponga unas medidas correctoras para que el cliente pueda seguir pagando y no pierda su casa habitual».

Por su experiencia, Juan Carlos Pozo entiende que la negociación la marca cada situación concreta, no hay un protocolo común. A veces se pide una carencia para que la cuota mensual baje, en otros casos los bancos aceptan prolongar la hipoteca y al ampliar los plazos también se reduce la obligación mensual, y ante la ejecución, cuando el banco ya ha denunciado al deudor, los mediadores contactan con los abogados de oficio. Las daciones en pago, que en teoría deberían aceptar, casi siempre se rechazan.

A los operadores, explican los letrados, les interesa que le devuelvan lo que han prestado, no quieren quedarse con las viviendas, por eso hay algunos muy proclives y ellos mismos proponen adaptar la cuota a los ingresos actuales de su cliente.

Algunos abusos

Pero no siempre resulta tan sencillo. Casi todos los expedientes que han visto en estos nueve meses corresponden a hipotecas firmadas a partir del 2007, muy acordes con las condiciones de mercado de esos años, pero con la perspectiva actual sí que han detectado algunos abusos. «Son excepcionales, pero sí hemos visto alguna, por ejemplo, con cláusula suelo del 6%. Esa persona no se ha beneficiado nunca por la bajada del euríbor, también hay algunas referenciadas al IRPH, el índice más caro del mercado y eso el cliente no lo sabía cuando firmó».

Tanto Juan Carlos como Beatriz recomiendan a todos aquellos que tengan problemas y dudas que se pasen por el colegio de abogados los martes y jueves. En la oficina no hay filtros, atienden a todos, incluso a abogados de otros particulares que no dominan tanto la legislación hipotecaria y buscan un asesoramiento más especializado.

Como última opción ante del desahucio recurren a la la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios. Los mediadores escriben al juzgado si creen que reúne algunos de los requisitos como víctima de violencia de género, un hijo menor de tres años o subsidios agotados. En este tipo de circunstancias, los deudores pueden vivir dos años más en la vivienda a pesar de la sentencia de desahucio. «Muchos no saben de esta posibilidad hasta que vienen por aquí».