Aqualia es condenada a reparar un bloque de pisos declarado en ruina

El juzgado de primera instancia número 3 de Badajoz ha condenado a Aqualia a reparar un edificio de ocho viviendas de la barriada de Pardaleras después de quedar probado que los daños estructurales que ha sufrido tienen su origen en la rotura de una tubería de agua limpia que estuvo socavando los cimientos durante años.

El fallo, contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, se recoge en una sentencia en la que se da la razón a los argumentos defendidos por el letrado Vicente Sánchez Paré en representación de los ocho propietarios que tuvieron que abandonar sus casas cuando en el año 2012 el Ayuntamiento de Badajoz declaró la ruina del edificio.

Hasta ese momento, seis de los ochos propietarios habían decidido abandonar sus pisos de la calle Rivilla número 7 (cerca de la plaza de toros) por miedo a un posible derrumbe, pero todavía permanecían en el bloque las dos familias que ocupaban el bajo, que siguieron en sus casas a pesar de que el hueco de la escalera ya había sido apuntalado.

Aquella resolución municipal firmada el 19 de diciembre de 2012 declaraba la «ruina física del edificio» y obligó a marcharse a esos dos propietarios que, si no se habían ido antes, es porque carecían de medios económicos para hacerlo.

Preocupados por lo que podía suceder si el edificio colapsaba, los dueños de las ocho viviendas decidieron costear la colocación de un refuerzo exterior para asegurar la fachada. Igualmente contrataron los servicios de Elaborex, un estudio técnico que buscó el origen de las grietas que cruzaban el edificio de abajo arriba.

El resultado de ese informe fue clave en el juicio que se celebró el pasado mes de marzo en el juzgado de primera instancia número 3 de Badajoz, cuya magistrada condena a Aqualia Gestión Integral del Agua a reparar íntegramente los daños y perjuicios producidos en el edificio y sus viviendas «y que aparecen descritos en el informe de Elaborex».

Daños desde 1997

En la sentencia se señala que el edificio comenzó a sufrir los problemas en 1997 pero que no ha sido «hasta fechas muy recientes» cuando se ha podido determinar «con certeza la causa de los daños que han provocado la ruina física del edificio».

La razón está en que el informe técnico fue encargado por la comunidad de propietarios en el año 2013, justo después de que el Ayuntamiento dictara la declaración de ruina. En ese momento, la empresa contratada por los afectados abrió cuatro calicatas en puntos estratégicos del edificio para comprobar el estado de los cimientos.

Uno de esos orificios de 2x2 metros permitió comprobar que bajo el nivel del suelo había una acumulación de agua que impedía seguir avanzando. Fue así como se detectó una fuga en una tubería perteneciente a la red de suministro de agua corriente.

Esa circunstancia fue comunicada a la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, que realizó la reparación en enero de 2013. De ese modo se logró poner fin a las filtraciones, «hasta el punto de que permitió, tan solo tres días después, reanudar la apertura de la calicata».

En el estudio técnico se aportan análisis en los que se constata que las características del agua que inundaba esa zona de los cimientos procedía de la red de suministro, tesis que fue ratificada por el perito que contrató el propio juzgado para realizar un informe independiente.

Justo lo contrario argumentó Aqualia, cuyos técnicos presentaron otro informe en el que se asegura que la rotura fue mínima y debió surgir «en fechas recientes». Pero la juez no le da credibilidad por entender que carecen de un respaldo técnico suficiente. «Llama la atención que no conste ni un solo documento relativo a los trabajos de reparación de la avería que se llevaron a cabo, ni siquiera simples fotografías o partes de trabajo pese a la gravedad de los hechos que se exponían en las reclamaciones».

La sentencia que ahora ha sido dictada no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Si finalmente se confirma el fallo, los vecinos confían en que la empresa concesionaria repare las viviendas, cuyo estado interior es también muy deficiente porque en el tiempo que han permanecido cerradas han sido saqueadas por los cacos.