La Diputación podrá negar subvenciones a los ayuntamientos que incumplan la Ley de Memoria Histórica

La Diputación de Badajoz podrá negar la subvención para la realización de actividades deportivas a los ayuntamientos de la provincia que no cumplan con las obligaciones recogidas en la Ley de Memoria Histórica.

Esta decisión figura en un auto firmado por el teniente fiscal, Miguel Martín, quien basa la decisión tomada en la ley nacional que impone a las administraciones públicas dos obligaciones concretas: la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la exaltación de la sublevación militar, Guerra Civil y represión de la dictadura; y la adopción de las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la referida exaltación.

Desde la Fiscalía se indica que esa ley consagra la posibilidad de que las administraciones públicas retiren la subvención a las administraciones que incumplan esas obligaciones. "Si cotejamos el texto del decreto de la Diputación con lo reflejado en la Ley de Memoria Histórica, se observa con nitidez que el texto del decreto se ajusta a lo dispuesto por Ley de Memoria Histórica. Se puede decir, incluso, que es un trasunto literal de la misma".

El auto recuerda que el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ya ha sido condenado en el juzgado a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Dictadura y Guerra Civil en el municipio. "Es cierto que esa sentencia condenatoria desestima la petición de retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores, u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura, pero ello lo fue por estimación de la excepción de desviación procesal (nueva pretensión suscitada en la demanda no ejercitada en vía administrativa). En cualquier caso, la retirada de los mencionados símbolos es algo expresamente previsto en el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica", recuerda la Fiscalía.

Por este motivo, la Fiscalía entiende que no existen elementos bastantes para entender que la Diputación de Badajoz haya podido cometer una prevaricación administrativa al aprobar del decreto que niega la subvención para actividades deportivas en 2017 a los ayuntamientos que incumplan esa ley.