La Junta ha recuperado 87 casas ocupadas ilegalmente desde febrero de 2016

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, ha recuperado desde febrero de 2016 un total de 347 viviendas sociales de titularidad pública que estaban ocupadas de forma ilegal por sus inquilinos o en las que se desarrollaba alguna actividad ilícita, por lo que se ha procedido a su desahucio. Además, otras 200 viviendas han sido regularizadas y las familias han podido permanecer en ellas al poner en orden su situación.

Desde el inicio del protocolo se han recuperado 42 viviendas con auxilio policial (23 en Badajoz) para lo que fueron necesarios 22 operativos policiales. Así, en el año 2016 se llevaron a cabo 237 desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente, de los que 68 fueron en Badajoz. En lo que va de año este número ha ascendido a 110 viviendas recuperadas, de las que 19 están en Badajoz. En total suman 87 en la ciudad.

Estos datos se pusieron encima de la Mesa de Trabajo del Protocolo Antidesahucios que se reunió ayer para analizar las actuaciones de este organismo que se puso en marcha desde el Gobierno regional en colaboración con varias plataformas ciudadanas de la región para regularizar la situación de las viviendas sociales y la distribución de estos recursos a las familias que realmente lo necesitan. Así, el Servicio de Adjudicación de la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo explicó que el objetivo de este mecanismo es estudiar caso a caso la situación económica y social de cada familia y evitar que sean desahuciadas, si realmente necesitan la vivienda.

Por otro lado, el Grupo Municipal de Podemos Recuperar Badajoz aseguró que la Junta se ha convertido en un «desahuciador de viviendas» y tachó de ineficiente el protocolo que evita el desalojo de las familias. Podemos consideró que el protocolo antidesahucios presenta «incoherencias y es inoperante».