La Diputación cataloga 251 vestigios franquistas en la provincia

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 15 de diciembre 2017 | Actualizado 16/12/2017 10:25h.

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Vayan pensando nombres de calles. La Diputación de Badajoz ya tiene lista la relación de vestigios franquistas en toda la provincia, y ojo que hay que eliminar 72 calles de los pueblos. Tomen papel y lápiz, y piensen si en su pueblo hay alguna plaza o calle llamada Virgen de la Cabeza, Adolfo Díaz Ambrona, García Morato o Calvo Sotelo. Estas son algunas de las que tendrán que eliminar los pueblos si quieren seguir recibiendo subvenciones de la Diputación y no devolver las del año pasado. Esta medida anunciada por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, hace un año y desarrollada desde entonces está basada en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

Gallardo subrayó este viernes que las subvenciones públicas de la Diputación son «de libre concurrencia» y cada ayuntamiento es el que decide si las pide. Aquellos que decidan hacerlo «deben cumplir con la Ley de Memoria Histórica, porque es uno de los preceptos» de estas subvenciones. Gallardo recordó que «cuando alguien concurre a subvenciones públicas conforme a unas bases, tiene que cumplir esas bases». Es decir, que para poder cobrar subvenciones hay que retirar los restos de Franco. Sin embargo, el presidente insistió en que no tiene capacidad para obligar a ningún alcalde.

HOY adelantó el día 15 parte del catálogo para la ciudad de Badajoz y la Diputación dio este viernes a conocer los vestigios de toda la provincia.

Esta semana, los ayuntamientos de la provincia han terminado de recibir los requerimientos en los que se les da tres meses para atender las exigencias de la comisión de expertos. En caso contrario, perderán las subvenciones, como ya se ha apuntado. Hay que tener en cuenta que la Diputación es una fuente de financiación muy importante para las localidades. Por ejemplo, Fuente del Maestre tiene un presupuesto de cinco millones de euros, de los que 400.000 euros proceden de la Diputación. Y Santa Amalia ha percibido este año más de 200.000 euros de un presupuesto anual que ronda los cuatro millones de euros.

Esas calles que se han citado anteriormente son solo algunas de las que aparecen en la relación, y su eliminación es obligatoria si los pueblos quieren seguir optando a fondos.

La comisión de expertos ha clasificado los restos. En 72 calles es obligatoria su eliminación, mientras que en otros casos obliga a los consistorios a reunir a sus plenos para decidir si las quitan. En su mayoría, se refiere a nombres de alcaldes franquistas. Entre ellos el de Antonio Zoido en Zafra, José Molina Rodríguez en Mérida o Francisco Montero de Espinosa en Almendralejo. En el listado provisional facilitado por la Diputación aparece otra treintena. Si Guadiana del Caudillo quiere percibir alguna subvención debe cambiar su nombre.

Existe un tercer tipo. La institución provincial exige también a los ayuntamientos realizar declaraciones oficiales cambiando los motivos de una serie de calles. Eso es así, por ejemplo, en las calles de la Legión y el Ejército de Villafranca de los Barros.

Este apartado de obligar a realizar declaraciones es especialmente llamativo en el caso de los países. Hay tres pueblos con una calle Alemania que tendrán que explicar a qué se debe, los mismos que tendrán que hacerlo con Italia y dos más con Portugal. Entre ellos se encuentra Fregenal de la Sierra, que cuenta con los tres países en su callejero. La carta recibida en su Ayuntamiento apunta que los tres nombres fueron decididos en una sesión de Pleno el 9 de diciembre de 1936 y que son referencias al Estado Novo de Salazar, a la Italia fascista de Mussolini y a la Alemania hitleriana.

La provincia guarda aún muchas cruces de los caídos. De estas, la comisión ha encontrado varios tipos.

En algunos casos, se solicita que se eliminen los símbolos franquistas y trasladar la cruz a los cementerios, como en Valdecaballeros. En otros casos, como la cruz de Villanueva de la Serena, pide que se realice una reinterpretación y se coloquen paneles explicativos. Las más numerosas son las que están resignificadas. Es decir, que se les ha quitado el sentido franquista originario. Y existen otras sin lemas ni símbolos. Se recomienda, en tales casos, llevarlas a los cementerios o mantenerlas allí si ya están. En alguna otra cruz, como la que existe en Zafra, pide que se haga una declaración cambiando los motivos de su permanencia, dado que se instaló el 7 de agosto de 1944 en conmemoración de la entrada de las tropas.

Los expertos designados por la Diputación piden también la reinterpretación de los monumentos a los caídos en Aljucén y Cabeza del Buey, así como la retirada, eliminación u ocultación de la peana en la que aparece un escudo franquista en el Sagrado Corazón de Fuente de Cantos.

Pide también la retirada de placas antiguas de las calles, lápidas, mosaicos y placas de las fachadas de las viviendas construidas por el sistema de protección oficial. En estos últimos casos, incluso las que no hayan sido catalogadas por los expertos. Es decir, todas.

Los restos relatados aparecen en una relación provisional. Ahora, los alcaldes disponen de un plazo de diez días para presentar alegaciones. El comité estudiará cada observación y decidirá posteriormente. Los ayuntamientos tendrán entonces tres meses para eliminar las huellas de Franco. La Diputación destina 100.000 euros para ello.

Las cartas enviadas a los alcaldes están firmadas por la presidenta del comité de expertos, la diputada Cristina Núñez. En ella se indica que si los alcaldes «dispusieran de algún vestigio que no hubiera sido contemplado en esta catalogación, y del que usted tuviera conocimiento, estará obligado a comunicarlo a la Diputación para su preceptivo estudio y adopción de las medidas oportunas». Igualmente, «si su ayuntamiento concedió (de 1936 a 1978) algún tipo de distinción (declaración de hijos predilectos, hijos adoptivos, medallas del municipio, etc.) a personas relacionadas con las instituciones franquistas, estará obligado a realizar una pública retirada de estas menciones en el plazo de tres meses a partir de su conocimiento». Además, pide que una vez retirados los restos, se documente la actuación para acreditar que se ha realizado, por ejemplo haciendo fotografías.

Esta carta la han recibido en unos 70 pueblos, que son los que tendrán que realizar algunos cambios si quieren percibir subvenciones. Los hay gobernados en la actualidad tanto por el PP como por el PSOE.