El Consistorio insta a retirar el último símbolo franquista de la ciudad

El Ayuntamiento no tiene obligación de retirar el grabado, pero sí de instar al propietario del edificio en el que se encuentra a que lo haga para eliminar, de esta manera, el último símbolo franquista que queda en la ciudad de Cáceres. El Consistorio cumple así lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y responde a la demanda judicial de que ha sido objeto la alcaldesa Elena Nevado, junto con los máximos representantes de otras 37 ciudades de España, por permitir la permanencia de vestigios de la Dictadura, según la denuncia que presentó el pasado 11 de febrero un abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, con despacho en Madrid.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer requerir al propietario del antiguo edificio de los Sindicatos y del Ministerio de Trabajo para que retire el grabado de piedra en el que aparece el yugo y las flechas. Se encuentra en la fachada principal, en la última plata, sobre la ventana central. Así lo señaló el portavoz del Gobierno, Valentín Pacheco, que se refirió a las conclusiones del informe jurídico encargado a la Secretaría General del Ayuntamiento con el fin de determinar cómo responder a la denuncia judicial presentada en los juzgados por el abogado Eduardo Ranz. Pacheco matizó que falta todavía determinar a quién se dirigirá esta petición o exigencia desde el Ayuntamiento al no estar claro la identidad del propietario del edificio o quién se debe hacer cargo de este cometido. Pacheco recordó que el inmueble es de la administración central del Estado pero con una cesión a las organizaciones sindicales y empresariales. Durante años fue sede de la delegación provincial del Ministerio de Trabajo. En efecto, como ya ha informado este periódico, este edificio es propiedad del Estado, pero tiene como usufructuarios a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y a la Federación Empresarial Cacereña.

El abogado denunciante cursó el resto de demandas en los juzgados de las otras 37 ciudades en las que considera que persisten símbolos franquistas. Además de Cáceres, en la lista de ciudades denunciadas figura Badajoz, Madrid, Barcelona, Vigo, Lugo, Alicante, Córdoba, etcétera. Ranz basa su iniciativa en el hecho de que la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15, insta a las administraciones públicas a tomar «medidas oportunas» para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas y de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Por ello acusa a los alcaldes de un delito de desobediencia a la Ley de Memoria Histórica, tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que establece una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Tras la presentación de la denuncia judicial, el Gobierno local afirmó que no tenía nada que ver al no encontrarse el grabado en un edificio municipal. Sin embargo, tras pedir el informe jurídico a la Secretaría General, asume la obligación municipal de actuar como administración que debe «tomar medidas» en la materia, en este caso exigiendo la retira de los vestigios franquistas a quien corresponda.