Cortan el agua a más de 400 familias por impago

Pilar Petrovic tiene 70 años, está enferma y vive en un primer piso del número 11 de la calle Lucas Burgos, en Aldea Moret. Su pensión es de 360 euros y las cuentas no le salen. No hace falta calculadora. 65 euros del alquiler social que paga cada mes a la Junta de Extremadura, 16 de la comunidad y 22 más para el seguro de Santa Lucía. Con lo que le queda debe cubrir el resto de gastos: comida, luz y agua.

Comparte la casa con su hija, parada y sin prestación. Un pozo sin fondo que parchean las ayudas de los vecinos y la colaboración del Banco de Alimentos. El lunes, además, Pilar se quedó sin agua. «No tengo ni para comprar el pan. ¿Cómo voy a pagar el recibo?», se pregunta en alto mientras le da vueltas al grifo. No sale ni una gota. La lavadora se ha quedado a medias. El café, también.

No es un caso aislado en la ciudad En realidad, Pilar es una más en la lista de 1.729 morosos que ha localizado la empresa concesionaria. A más de 400 les han cortado el suministro.

La imagen de los operarios de Canal de Isabel II y junto a ellos dos agentes de la Policía Local llama la atención a media mañana en el corazón de Aldea Moret, uno de los barrios donde más cortes se han producido, pero no el único. Los impagos se distribuyen por toda la ciudad. Cándido López, que vive en el número 9 de la calle Germán Sellers, también se enfrenta al problema de quedarse sin agua en casa.

«Somos cuatro y no sé qué vamos a hacer», se lamenta tras recordar que los únicos ingresos que entran son 426 euros mensuales y lo que gana con «algunas chuscas». Su deuda, asegura, es de 80 euros. Los profesionales de Canal de Isabel II siguen su tarea en el bloque de al lado. «Llevamos aquí 20 años. No tenemos recursos. Nos dijeron en el Ayuntamiento que no nos cortarían el agua, pero fíjate», se queja Cándido.

La versión oficial es distinta. La empresa concesionaria dio un primer aviso a los deudores hace ya casi medio año. «Mandamos 1.729 cartas y 702 abonados no firmaron acuse de recibo. Nos limitados a hacer el correspondiente requerimiento de pago», explica el gerente de Canal Gestión Cáceres, José Luis Castaño.

El siguiente aviso a esos 700 morosos les llegó en septiembre. Según lo reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la deuda total superaba los 35.000 euros, con una media de 50 euros. Las había mucho más elevadas, como la de una agrupación industrial que debía 2.468 euros o una comunidad de propietarios de la calle Río Vístula, con 2.292 euros de deuda.

Finalmente, la campaña de corte de suministro ha afectado a 811 usuarios. Ya se han ejecutado 433. El lunes todavía quedaban pendientes otros 103.

También ha habido familias que han regularizado su situación en este tiempo. Otras lo han hecho sobre la marcha. Es el caso de María Eugenia. Reside en otro bloque social de la calle Jesús Nazareno. Allí se han quedado cuatro familias sin agua. El pasado viernes fue a pagar parte de su deuda. En total, «incluidos los 68 del enganche», 111 euros. «No es normal que nos veamos así. Somos muchas personas sin apenas ingresos. No pagamos porque no podemos», cuenta esta mujer que carece de empleo y casi se siente afortunada por percibir desde diciembre la renta básica.

Las quejas sobre el funcionamiento de Asuntos Sociales, la falta de respuestas institucionales y la carencia de medios presiden las conversaciones. En Canal aclaran que los cortes se están efectuando «con la autorización del Ayuntamiento».

Los agentes supervisan la situación, pero no hay incidentes. Solo lamentos. Como el de Fernando Torres. «Es una vergüenza. Estaba duchándome y me he quedado sin agua. Acabo de salir de la cárcel y no recibo ayudas», revela.

Además de los cortes, Canal ha presentado denuncias contra abonados que habían desactivado el contador y habían puesto un 'latiguillo' para ahorrarse así el recibo.