Heras alega en el juicio del Urban Screens que le tendieron una trampa

Carmen Heras fue víctima de una trampa, de una celada. Es lo que argumentó ayer su abogado, Emilio Cortés, a la titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres, donde la exalcaldesa socialista fue juzgada por un supuesta prevaricación administrativa cometida en el pago del Festival Urban Screens, junto a dos de sus concejales: Francisco Torres (del Prex-Crex) y Santiago Tabares (del PSOE). Piden nueve años de inhabilitación para cargo público para ella y ocho para los antiguos ediles.

«Fue una celada porque el 10 de junio de 2011, cuando es su último día como alcaldesa y Carmen Heras va en vaqueros a recoger sus cosas al despacho, se encuentra encima de la mesa, en una carpeta, una factura de 47.782 euros que ese mismo día le había puesto el interventor para firmar. Ella quería terminar, irse a descansar a su casa después de una dura legislatura, y firmó».

Para el letrado, no es normal que le presentaran esa factura cuando no tenía un expediente. Tampoco le pareció normal al exconcejal Santiago Tabares: «Es inexplicable que le pasaran a Carmen Heras la factura de 47.000 euros para que la firmara», aseguró durante el juicio.

El Festival Urban Screens consistía en proyectar imágenes en edificios emblemáticos de la ciudad, debidamente iluminados y acompañados de música. Fue bien recibido por los cacereños por su vistosidad. Fue financiado con fondos europeos y trataba de impulsar la candidatura de Cáceres Capital Cultural 2016. Una vez en la alcaldía, Elena Nevado remitió a la Fiscalía las cuatro facturas en las que se dividió el pago del citado Festival de 2010 por un importe de 81.370 euros.

Según la normativa vigente que controla las actuaciones de las corporaciones municipales, sólo se puede adjudicar un contrato de manera directa, es decir, sin necesidad de convocar concurso público, cuando el importe a pagar es inferior a 50.000 euros si se refiere a obras, o menos de 18.000 euros en el resto de contratos. Además, está prohibido fraccionar el pago en varias facturas.

Las cuatro facturas que se encontró el gobierno del PP eran la de 47. 782 euros firmada por Carmen Heras; dos, de 11.994 euros cada una, firmadas por el concejal Santiago Tabares (por la iluminación de la Casa de los Málaga y la proyección sobre la fachada de la iglesia de la Preciosa Sangre), y una cuarta, firmada por el concejal Francisco Torres, de 9.600 euros para abonar la página web del Festival.

La declaración de Carmen Heras se prolongó durante más de una hora. Tuvo que subir hasta nueve veces al estrado para indicar ante la juez si era la suya la firma que había en algunos documentos. La exalcaldesa insistió en que firmaba haciendo caso a los técnicos del Ayuntamiento. «Firmé un montón de documentos antes de dejar la alcaldía, porque mi deseo era cumplir con los proveedores», aseguró.

Durante su declaración llamó la atención las muchas ocasiones en las que que su compañero de partido Santiago Tabares negaba con la cabeza, sobre todo cuando ella decía que había consultado con los concejales algún aspecto del espectáculo. También lo negó en su declaración ante la jueza.

Asimismo, tanto Tabares como Torres negaron que Heras les hubiera dicho en alguna ocasión que hubiera que pagar cuanto antes a la empresa del Urban Screens. El abogado de los dos exconcejales, Francisco Elías, proclamó la inocencia de sus clientes y solicitó la absolución.

También prestó declaración, en calidad de testigo, el interventor del Ayuntamiento, Justo Moreno, quien según Efe, explicó que los informes del Festival llevaban un reparo de la Intervención, dado que el pago de las facturas eran para la misma empresa y en las mismas fechas, lo que le hacía «sospechar» de que había un fraccionamiento.

Al ser preguntado por los motivos por los que no comunicó a la alcaldesa esta supuesta irregularidad, Moreno indicó que el sistema de comunicación que existe entre la Intervención y la Alcaldía «son los informes con el conveniente reparo, si aparece un documento contable con un reparo es suficiente información».

Sin embargo, el jefe de la sección de Fondos Estratégicos, Juan Antonio Carrasco, manifestó durante la vista oral que consideró que las facturas correspondían a proyectos distintos y que, en su opinión, no se produjo fraccionamiento.