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Sergio Lorenzo
Martes, 1 de marzo 2016, 00:14
«Debo condenar y condeno a Dª Carmen Heras Pablo, a D. Víctor Santiago Tabares y a D. Francisco Torres Robles como coautores responsables conforme al artículo 28 del Código Penal, de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal (), a la pena, para cada uno de ellos, de ocho (8) años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito de la administración estatal, autonómica y local. Se impone a los condenados el pago de las costas de este procedimiento».
Este es el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, a la que ha tenido acceso el Diario HOY, que condena a la exalcaldesa socialista de Cáceres y a dos de los concejales de su equipo de gobierno, por la forma de pagar el Festival Urban Screens del año 2010, que consistía en un espectáculo de luz y sonido con el que se trataba de impulsar la candidatura de Cáceres para ser Capital Cultural de Europa en el año 2016.
El Juzgado de lo Penal estima que hubo una irregularidad en la tramitación de las facturas de este evento, y que también hubo prevaricación por el fraccionamiento de las facturas, dando por probado un acuerdo entre la que entonces era alcaldesa de la ciudad y sus dos concejales.
La sentencia ha igualado a los tres acusados, ya que la Fiscalía había solicitado 9 años de inhabilitación para la exalcaldesa y 8 para cada uno de los exediles.
El caso del Urban Screens fue desvelado por el gobierno del PP de Elena Nevado, cuando ésta accedió a la alcaldía. Informó a la Fiscalía que se habían encontrado con el hecho de que el anterior gobierno había pagado un total de 81.370 euros a los organizadores del festival de luz y sonido, entregándoles esa cantidad de dinero en cuatro facturas.
La factura de mayor importe, de 47.782 euros fue firmada por Carmen Heras; mientras que el concejal Santiago Tabares firmó dos facturas, cada una de ellas de 11.994 euros, y el concejal Francisco Torres firmó una de 9.600 euros.
Según la normativa que controla la forma de adjudicar contratos por parte de las corporaciones municipales, para evitar la adjudicación a dedo de contratos importantes. Hay que convocar un concurso público al que puedan acudir todas las empresas interesadas, cuando el importe a pagar es superior a 50.000 euros cuando se refiere a obras, y o superior a 18.000 euros en el resto de contratos. El Festival Urban Screens, entra dentro de la segunda categoría de contratos. Tampoco se pueden fraccionar los pagos.
Durante el juicio, que tuvo lugar el 4 de febrero, los tres acusados dijeron que eran inocentes, asegurando que lo que hacían era hacer caso a los técnicos del Ayuntamiento. El abogado de Carmen Heras, Emilio Cortés, llegó a asegurar que le habían tendido una trampa, ya que, según indicó, Carmen Heras se encontró la factura en una carpeta para firmarla el último día que iba a su despacho de la alcaldía para recoger sus cosas, el 10 de junio de 2011.
A preguntas de este diario, Francisco Elías, abogado defensor de Tabares y Torres, adelanta que va a recurrir la sentencia, «no está ajustada a derecho y por eso la recurriremos ante la Audiencia Provincial de Cáceres». Para este letrado es difícil de entender que no se hiciera valer en la sentencia la gran diferencia entre los contratos firmados por los acusados.
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