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Manuel M. Núñez
Miércoles, 6 de abril 2016, 07:37
La constructora que inició la obra del nuevo hospital reclama al Servicio Extremeño de Salud (SES) pagos por importe de 450.000 euros. La cantidad solo hace referencia a la liquidación del contrato, que fue rescindido por la administración del PP en 2013. Las dos partes difieren en la interpretación de ese final de la relación contractual por lo que el asunto se ve ante los tribunales. Son dos procedimientos distintos, uno sobre la liquidación del contrato y otro sobre la propia resolución.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) deniega la suspensión cautelar que pedía la constructora acerca de la liquidación que hizo el SES por la resolución del contrato. Esa liquidación fijaba «un saldo favorable a la administración por importe de 5.028436,12 euros, IVA excluido, y que se haga efectivo dicho importe sobre la garantía constituida, así como incautar los avales de acopio hasta llegar a la cantidad de 1.152.008,29 euros». Era, como ya informó HOY, un fallo firme. Sin embargo, la unión temporal de empresas (UTE) que integran Placonsa-Joca y FCC aclara que esa sentencia no entra en el fondo del asunto, aunque deniega la suspensión cautelar solicitada. La vía judicial sigue.
Un proceso abierto
Juan María Calero, el abogado de la UTE, sostiene que el SES practicó una liquidación final con penalizaciones que llegan a un 30 por ciento sin que aún esté resuelto el pleito sobre la resolución del contrato. «La Junta fija un importe a su favor de cinco millones, pero la empresa ha practicado otra liquidación y medición de la obra realmente ejecutada», aclara el letrado. La misma arroja un importe favorable a la constructora de 450.000 euros. De ellos, 250.000 son gastos indirectos y el resto es la cifra que emerge de un trabajo pericial encargado a un técnico. La empresa habló en su día de trabajos hechos y no cobrados.
Como se recordará, el Gobierno del Partido Popular decidió en 2013 rescindir el contrato a la UTE por entender que no se estaban cumpliendo los plazos. La resolución lleva a ese doble proceso judicial. La constructora cree que el asunto va para largo, ya que una vez que se produzcan las primeras sentencias es previsible que las mismas sean recurridas en instancias superiores. El cálculo de la UTE sobre los 450.000 euros pendientes de la liquidación no es la cifra definitiva que zanjará el litigio.
Preguntas de Sánchez Juliá
La resolución contractual y ejecución de avales habría generado perjuicios por importe de unos 3,8 millones. Si a esas cifras se suma una posible indemnización -que la UTE no cuantifica- el impacto en las arcas públicas de un fallo judicial a favor de la empresa sería de consideración.
El diputado del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, negó ayer que la resolución del contrato fuese una decisión errónea. Después de eso se presupuestó la primera fase en unos 15 millones. La licitación se ha estancado por un recurso de la empresa Ortiz-Carija que aún debe ser resuelto. Sánchez Juliá quiere saber qué fechas maneja ahora la Junta de Extremadura con relación al nuevo hospital, ya que la obra se debía haber reiniciado en diciembre. El proceso se encuentra parado, avisa.
El PP pide al Ejecutivo regional que actúe. «Como hizo el Colegio de Médicos, nosotros también pedimos a la Junta que desbloquee la situación y acabe con la paralización que sufre el proceso». Sánchez Juliá pregunta al SES qué servicios prestará el nuevo hospital y qué planes hay para el San Pedro de Alcántara y el Nuestra Señora de la Montaña.
También destaca el impulso que tendrá el hospital en los presupuestos regionales al haberse aprobado el incremento propuesto por el PP en las negociaciones.
«Hay 200.000 euros para la redacción y dirección del proyecto de obra de la segunda fase en 2016 y 82,2 millones para la legislatura actual», recuerda el parlamentario del PP. Cifra en 116 millones el incremento gracias a la aportación de su grupo. Se incluyen 34,4 millones para equipar el hospital en su primera fase. El montante global se eleva a 131,5 millones.
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