El exceso de ruido no se convierte en delito ambiental hasta 1995

En los años 80, los de la floreciente movida, era impensable que los ruidos de los bares fueran denunciados en los tribunales. Era impensable porque ni siquiera existía el concepto de contaminación acústica como delito contra el medio ambiente. En aquella época, además, había una cierta tolerancia de la sociedad hacia los excesos en las zonas de ocio, excepto entre los vecinos afectados directamente. El ruido no se incorporó al Código Penal hasta 1995, que en su artículo 325 hace referencia a este delito y a su castigo con penas de prisión de dos a cinco años de prisión. El artículo 329 castiga la prevaricación ambiental, con penas de 6 meses a tres años.

La primera sentencia por la vía penal que sienta jurisprudencia fue la dictada por el Tribunal Supremo en 2003, por la que se condena a dos años y tres meses de cárcel al dueño de una discoteca de Palencia por exceso de ruido.

Después han proliferado sentencias, entre ellas varias en Extremadura. En 2005 la Audiencia de Badajoz ratificó la condena a un año de prisión y siete de inhabilitación para cargo público al exalcalde de Villanueva del Fresno, Emilio Gómez, por un delito de prevaricación ambiental, y a la dueña de un bar por exceso de ruidos a la pena de dos años de cárcel. Entre ambos debían indemnizar a la familia que sufría los ruidos con 12.000 euros. En 2007, la Audiencia de Badajoz condena por estos mismos delitos y con las mismas penas al exalcalde de Talavera la Real, Juan Luis Rey, y al dueño de una discoteca, quienes tuvieron que indemnizar con 14.00 euros a un matrimonio que sufrió durante siete años los ruidos del local.