Vecinos de la Madrila piden 297.000 euros de indemnización por ser víctimas del ruido

La Asociación Cacereños Contra el Ruido ya ha presentado su petición de pena para los 13 acusados en el proceso judicial abierto por los daños acústicos generados por los bares de la zona entre los que se encuentran la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado, además de 11 hosteleros. Es el segundo paso antes de se decrete la apertura de juicio oral: la presentación del escrito de la acusación particular. El pasado abril, la Fiscalía de Cáceres ya presentó su escrito de calificaciones, en el que solicita un año y nueve meses de prisión para los dos expolíticos socialistas y tres años de cárcel para los hosteleros, además de peticiones de clausura de los negocios y que no puedan ejercer en la hostelería durante dos años.

El escrito de Cacereños Contra el Ruido presenta como principal novedad respecto al de la Fsicalía que eleva las reclamaciones de indemnización para los 14 vecinos de la Madrila que en este proceso se consideran víctimas del ruido procedentes de los bares. En total, el despacho de abogados Qualit solicita una compensación económica de 297.000 euros.

Además, también es relevante que la asociación pide que el ayuntamiento sea considera responsable subsidiario y que, por tanto, afronte el pago de las indemnizaciones en el caso de los hosteleros no pudieran hacer frente a las posibles condenas. Hay que recordar que varios de los establecimientos afectados se encuentran cerrados desde hace tiempo. El proceso contra ellos se inició en el año 2012.

Según Cacereños Contra el Ruido, la administración local es responsable «por no haber tomado las medidas de vigilancia y control oportunas para evitar la vulneración del derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y las lesiones físicas, psíquicas y morales causadas».

La Asociación indica en su escrito de acusación precisa que en el caso de que los hosteleros encausados no puedan hacer frente al pago de las indemnizaciones, lo hagan, de forma solidaria, el ayuntamiento y las empresas mercantiles por cuya cuenta actúan los empresarios.

Se pide, en concreto, 35.000 euros de indemnización para cada uno de los tres vecinos de la Madrila supuestamente afectados por la contaminación acústica del local ubicado en la calle Santa Teresa de Jesús, actualmente cerrado, que se llamó sucesivamente Tacones, Póker Copas y Sasa.

Según las defensa del colectivo, estos tres vecinos fueron los más perjudicados porque tuvieron que recibir tratamiento médico por patologías relacionadas con los trastornos de sueño, fatiga, depresión y ansiedad. Uno de ellos, además, decidió adquirir otra vivienda para descansar los fines de semana.

Para el resto de vecinos afectados de los que se ha recabado información para este proceso judicial se reclaman 12.000 euros de indemnización para cada uno, por el daño moral causado por el riesgo a su salud.

Qualit Abogados refleja incluso en el escrito de la acusación particular qué empresario debe pagar a cada vecino víctima de la contaminación acústica en el caso de una condena judicial. Califican el daño moral como el consistente «en un sufrimiento o padecimiento psíquico: ansiedad, angustia, zozobra, temor, incertidumbre, desasosiego, malestar e irritación».

Hay que recordar que los locales afectados son Maquiavello, LaBelle, Tacones (también con las denominaciones Póker Copas y Sasa), Submarino, La Cuerda, Sugar, Discoteca Down, Barroco y Latinos. Para sus promotores, las dos acusaciones (la pública y la particular), piden tres años de prisión, pagar una multa de 5.400 euros, y estar dos años sin ejercer una profesión relacionada con la hostelería. Pero en el caso de los dos empresarios relacionados con el local de Tacones, la asociación solicita hsata seis años de cárcel, al añadir tres años por los tres delitos de lesiones.

Gran parte de las 49 páginas de la calificación de la Asociación Cacereños Contra el Ruido se centra en desgranar las muchas denuncias que pusieron los vecinos a los locales por las molestias por ruidos. También se muestran los resultados de las pruebas hechas por el Seprona, en las que se concluía que hasta los vecinos llegaban más decibelios de los permitidos procedentes de los locales de copas.

La calificación pide el cierre y clausura automática de aquellos bares implicados «que no han llevado a cabo medida ni han acometido obra alguna destinada a insonorizar », así como la retirada definitiva de la licencia de apertura