La Audiencia Provincial mantiene la condena a Heras por el Urban Screens

La Audiencia Provincial ha confirmado la condena de ocho años de inhabilitación para la exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, por el caso de las facturas del Festival Urban Screens. No obstante, ha suavizado la pena admitiendo el recurso presentado por su defensa y la inhabilitación se mantiene para volver a ejercer cargo público, pero no afectará al desempeño de empleo público, extremo este no aclarado por el Juzgado de lo Penal número 2 en su primera sentencia del pasado mes de febrero.

Por estos hechos, Heras causó baja en el PSOE, donde ocupaba la presidencia regional.

En la misma situación se encuentran los otros dos concejales condenados, el también socialista Víctor Santiago Tabares y el entonces edil de Turismo, Francisco Torres, perteneciente al Prex-Creex.

Los hechos juzgados, como se ha informado, tuvieron lugar en la legislatura 2007-20011, tras la celebración de la segunda edición del Festival Urban Screens, un certamen de luz y sonido en los edificios más emblemáticos de la ciudad, tanto de la parte antigua como fuera de la zona monumental, que se desarrolló con éxito en 2009 y 2010. Formaban parte de las actividades con las que Cáceres quería demostrar su capacidad para ostentar la capitalidad europea de la cultura en el año 2016.

En la edición de 2010, sin embargo, se produjo una irregularidad administrativa en el pago de 81.373 euros mediante cuatro facturas, una de ellas firmada por Heras, dos por Tabares y una cuarta por Torres. El juez de lo Penal entendió que todos ellos eran consciente del comportamiento incorrecto del procedimiento, «evitando deliberadamente los cauces normales de la contratación pública», por lo que fueron condenados por prevaricación administrativa. El ayuntamiento solo puede adjudicar de forma directa contratos, si no son de obras, que no rebasen la cantidad de 18.000 euros, por lo que según el juez habrían decidido pagar conscientemente los más de 80.000 euros en cuatro facturas distintas.

La exalcaldesa siempre ha mantenido que firmó las facturas que le aconsejaron y le presentaron los técnicos, y recordó durante el juicio que estampó su firma el último día de su estancia en la alcaldía (el 18 de mayo), tras perder las elecciones de 2011, fechas en las que firmó un gran número de documentos.

Una vez que Elena Nevado estuvo en la alcaldía, y tras conocer los reparos puestos por la Intervención municipal, la alcaldesa informó de estos pagos a la Fiscalía tras una consulta previa al Consejo Consultivo.

La Audiencia Provincial, en su sentencia de cinco de julio, mantiene los términos del primer fallo, «tanto en lo que se refiere a la valoración de la prueba, como en lo que atañe a la calificación jurídica de los hechos», y aprecia también una «connivencia entre los acusados» para hacer frente a los pagos pendientes del Festival Urban Screens.

Asimismo, hace referencia a la causa conocida como 'caso Plasencia', que afectó a la exalcaldesa de esta localidad y a varios ediles, al hablar del «incumplimiento de las normas que rigen la contratación pública consistente en fraccionar artificiosamente la cuantía que alcanza la realización de una obra o la prestación de un servicio con el fin de adjudicar directamente».

La Audiencia asegura, igualmente, que «resultaría contrario a las más elementales reglas de la lógica» admitir que la exalcaldesa desconocía las gestiones llevadas a cabo por los dos concejales, o que estos no conocieran lo tramitado por Heras.

Empleo público

Por el contrario, la Sección Segunda si entiende que la inhabilitación no debe afectar al empleo público. Recuerda que la «actividad pública que se encuentra en el origen del delito por el que se condena (a Carmen Heras, profesora universitaria), nada tenía que ver con ese empleo como docente, sino únicamente con el cargo de alcaldesa». «La pena», insiste la Audiencia, «debe concretarse en los referidos cargos de alcaldesa y concejal», atendiendo así al recurso presentado por el abogado defensor de Heras, Emilio Cortés, aunque la aceptación parcial del mismo se hace extensible también a los ediles Tabares y Torres.

Contra esta sentencia solo cabe recurso de casación.