El exsecretario acepta declarar sobre la permuta del Parque del Príncipe

Aunque matiza que el paso del tiempo, más de 16 años ya, le impide recordar con precisión detalles del expediente, el que fuera secretario general del Ayuntamiento hasta su jubilación en 2015, Manuel Aunión, afirma que no tiene inconveniente en comparecer ante la comisión municipal de expropiaciones para aclarar su intervención en la operación de permuta de terrenos del Parque del Príncipe y determinar si faltaba o no su informe previo para poder aprobar el expediente.

La operación de pago de terrenos más importante a que se ha visto obligado el Ayuntamiento, aunque no en metálico sino mediante permuta de suelo, vuelve a ser objeto de controversia más de 16 años después desde que arrancara el expediente. Se trata de unos terrenos del Parque del Príncipe, de 44.000 metros cuadrados, que una empresa promotora, Promeimsa, constituida en Madrid en 1997, compró en 1999 a sus anteriores propietarios, quienes, a su vez, ya habían pedido al Ayuntamiento el pago de la expropiación de tales terrenos por estar calificados como urbanos para zona verde sin aprovechamiento de edificación. Promeimsa solicitó al Ayuntamiento en 1999 un convenio de permuta en vez del pago de la expropiación en metálico, convenio finalmente aprobado por el pleno municipal el 12 de julio de 2001, tras una serie de diferencias entre las partes sobre la valoración de los terrenos. El Ayuntamiento aceptó recibir los terrenos del Parque del Príncipe a cambio de entregar a Promeimsa suelo municipal del Rodeo, el Perú y junto a la estación de bus con 50.700 metros cuadrados de edificabilidad.

Ahora vuelve a ser de actualidad tras la creación de una comisión especial de seguimiento de las expropiaciones de terrenos, que han constituido una verdadera sangría para las arcas municipales, más de 30 millones sólo en lo que se refiere a las ocho hectáreas de la ampliación del Parque del Príncipe. Fruto del trabajo de la comisión se ha puesto de manifiesto, según un informe del secretario general del Ayuntamiento, que la permuta se aprobó en 2001 sin los informes técnicos de Intervención y de Secretaría General. Según el secretario actual, el expediente de la permuta aprobada entonces puede considerarse «nulo de pleno derecho» porque eran obligados tales informes al exceder el valor del terreno permutado, cuantificado en 14,9 millones de euros, el 20 por ciento de los recursos económicos ordinarios del propio Consistorio.

Aunque, el propio secretario general actual señala que el paso del tiempo hace que no sea viable la revisión de oficio del expediente, la comisión de expropiaciones no se ha pronunciado aún al respecto ni sobre las posibles responsabilidades que habrían de pedirse. Tampoco se ha aclarado si se puede llamar a declarar al anterior secretario general, Manuel Aunión, jubilado al finales de 2015. No se trata de una comisión de investigación al uso, propia de otras administraciones superiores con potestad para llamar a declarar a quienes considere oportuno, como en un parlamento, sino de una comisión municipal.

Acudir a la comisión

En todo caso, preguntado al respecto por este periódico, Manuel Aunión afirma estar dispuesto a acudir, si le llaman, a la comisión para dar las explicaciones que le requieran sus miembros, los representantes de todos los grupos políticos. No obstante, matiza que ha pasado mucho tiempo y que no puede recordar ahora mismo todos detalles con precisión. En este sentido, asegura sobre los argumentos del informe del actual secretario que no se puede concluir que el expediente de permuta con Promeimsa necesitara un informe suyo porque el valor económico superara el 20 por ciento de los recursos ordinarios municipales. «Si no había un informe de Intervención que lo dijera, ¿cómo se puede decir ahora que excedía el 20 por ciento de los recursos?», se pregunta.

Sobre el hecho de que ahora se cuestione de forma crítica el haber pedido arbitraje externo para determinar la edificabilidad y el valor de los terrenos permutados, afirma que entonces se consideró necesario acudir a la Gerencia de Urbanismo de Madrid, al equipo de valoraciones dirigido por Antonio Armengot, con el fin de zanjar el desacuerdo entre los propietarios, que pedían 55.000 metros cuadrados de edificabilidad en el Rodeo, y el Ayuntamiento, que los rebajaba a menos de 30.000, según los cálculos de arquitectos municipales. Finalmente, el laudo arbitral de Armengot fijó la edificabilidad que debía entregar el Consistorio en 57.900 metros cuadrados, aunque después el acuerdo definitivo los rebajó a 50.700 y fijó un abono de 42,8 millones de las antiguas pesetas al Ayuntamiento por parte de Promeimsa como compensación por tener más valor los terrenos municipales (50.000 pesetas por metro cuadrado en el Rodeo y Perú frente a las 43.000 en el Parque del Príncipe).

Gerencia de Urbanismo

La decisión de acudir al arbitraje de la Gerencia de Urbanismo de Madrid fue aprobada por unanimidad de los grupos políticos en el año 2000, tanto PP, en el Gobierno, como PSOE e IU, aunque en el pleno en el que se aprobó el convenio el grupo socialista votó en contra por considerar excesiva la edificabilidad fijada en los terrenos.

Preguntado sobre quién propuso acudir al arbitraje, Aunión reconoce que él planteó la propuesta tras comprobarse que seguía el desacuerdo entre Promeimsa y el Ayuntamiento: «yo le aconsejé al alcalde (Saponi) pedir una valoración a la Gerencia de Urbanismo de Madrid porque eran los expertos de más prestigio en valoraciones urbanística», afirma el exsecretario, quien insististe en que la falta de acuerdo hacía necesario «buscar expertos» de solvencia en la materia. Sobre las dudas que pueda levantar acudir a este tipo de informes externos y la posible valoración excesiva de los terrenos, afirma si ahora se ve así, tal exceso de valoración serviría para definir lo que entregaban ambas partes.