La fiscalía mantiene la petición de un año y nueve meses de prisión para Heras y Jurado

El juicio del ruido, que empezó el día 20 de septiembre, está en su recta final. Hoy se espera que quede visto para sentencia. Después de las nueve y media de esta mañana, cada una de las partes tiene media hora, como máximo, para explicar sus peticiones a la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres.

Son 14 partes, por lo que serán siete horas de juicio por lo menos. Media hora tendrá la fiscal Olga Suárez, que ayer ya indicó que mantendrá la petición de pena para los dos políticos acusados: la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado. Les acusa de dos delitos continuados de prevaricación medioambiental, pidiendo para cada uno de ellos un año y nueve meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En el caso de que el tribunal no les considere culpables de un delito continuado de prevaricación medioambiental, la fiscal pide para ellos 10 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.

La acusación pública, en cambio, ha modificado su petición para los otros 12 acusados, responsables de locales de La Madrila que considera que originaban las molestias por el ruido. Si en la calificación provisional proponía que fueran condenados a tres años de prisión, ahora en las conclusiones finales rebaja algo la pena, al pedir dos años y nueve meses.

También indica que dos vecinos afectados deberían ser indemnizados con 15.000 euros cada uno por lesiones, y otros once vecinos con 10.000 euros, cada uno, por daños morales.

Media hora también tendrá el abogado de la acusación particular, que representa a la Asociación Cacereños Contra El Ruido. Pide para Carmen Heras y Carlos Jurado lo mismo que la fiscal, y tres años de prisión para cada uno de los responsables de los locales.

Solicita también que a los vecinos supuestamente afectados por el ruido se les indemnice con 35.000 euros por lesiones o 12.000 euros por daño moral. Son cerca de 300.000 euros, y plantea que si los responsables de los negocios no tienen dinero para pagar, lo haga el Ayuntamiento como responsable subsidiario.

Cada uno de los once abogados defensores dispondrán de 30 minutos para solicitar la libre absolución de sus representados. Así lo hará Emilio Cortés Bechiarelli, que representa a Carmen Heras y Carlos Jurado, o Ángel Luis Aparicio cuyos clientes son los responsables de tres locales: Sugar, Submarino y Barroco. Otros abogados representan a Maquiavello, Latinos, La Belle, Discoteca Down, La Cuerda, el propietario del local de Tacones y el propietario del de La Belle. Hay otros dos abogados que representan a dos gerentes que tuvo Tacones. También hay una abogada que representa al Ayuntamiento de Cáceres, que intentará que no se responsabilice a la Corporación municipal actual, para no pagar las indemnizaciones que señala la Asociación Cacereños Contra El Ruido.

Será posiblemente por la tarde cuando terminen las partes de realizar sus peticiones, dando oportunidad a los 14 acusados de realizar unas últimas declaraciones antes de señalar la juez que el caso del ruido queda visto para sentencia.

Ayer declaró un técnico que realizó mediciones de sonido por encargo de algunos locales, indicando, entre otras cosas, que la sensación molesta del ruido es muchas veces subjetiva, o que el «‘boom, boom’ que dicen algunos vecinos que escuchaban, lo pueden escuchar estando el sonido por debajo de 30 decibelios». Indicó que algunas mediciones que realizó la Policía Local no estaban bien hechas, y que era imposible que, si no se registraban molestias por ruido en un primer piso se quejaran los vecinos de viviendas superiores.

Las tomas de declaraciones concluyeron ayer con la lectura del testimonio hecho por Antonio Durán, el primer presidente de la Asociación Cacereña Contra el Ruido, que falleció hace cinco años.