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El Estado no ha cedido la cárcel vieja al Ayuntamiento porque éste no le ha presentado ni el proyecto ni la memoria económica de inversión que se le requirió. Así lo confirmó a HOY la Subdelegación del Gobierno tras consultar con Patrimonio del Estado. El inmueble, situado en la barriada de Pinilla, se encuentra a la venta por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Figura en su oferta inmobiliaria con 10.300 metros cuadrados de superficie y 11.040 de edificabilidad. El edificio está catalogado y calificado como equipamiento municipal en suelo urbano no consolidado. La asociación cultural Amececa ha denunciado su estado de «deterioro y desmantelamiento» y se ha dirigido a la Consejería de Cultura para que lo declare bien de interés cultural (BIC).
Según se conoció en enero de 2016, el Ayuntamiento se propuso recuperar la vieja prisión provincial y darle contenido. Para ello se mantuvieron los primeros contactos con el Ministerio de Hacienda y se trasladó una petición expresa, la cesión de las instalaciones de forma gratuita, es decir, sin que esa operación tuviese coste alguno para las arcas municipales. Hacienda le hizo algunas precisiones al Ejecutivo local. La principal era que debía dirigirse a la SIEP para obtener dicha cesión. Se trata de una sociedad estatal creada en 1992 con el objetivo de construir y equipar centros penitenciarios. Ahora también se ocupa de amortizar instalaciones caducas y en desuso como la de Cáceres. La cárcel vieja tiene la particularidad de que es un bien protegido en el actual ordenamiento urbanístico, el Plan General Municipal (PGM). La prisión dejó de ser utilizada con la apertura del Centro de Integración Social (CIS) en 2009.
Aquel año, la entonces alcaldesa Carmen Heras advirtió del riesgo de que el inmueble fuese demolido para construir viviendas. El Estado pedía que se mantuviese la edificabilidad y se eliminase la protección. Cáceres dijo no. Desde entonces se sucedieron las propuestas. El exalcalde José María Saponi llegó a anunciar la construcción del Palacio de la Música y las Letras.
En 2016, al surgir la posible cesión gratuita, la alcaldesa Elena Nevado habló de «una oportunidad que no se podía perder». Entonces, aludió a que la vieja cárcel podría acoger el archivo histórico y una biblioteca pública. Desde el Gobierno central se apunta que la cesión era posible, siempre que el Consistorio presentase un proyecto. «Patrimonio del Estado solicitó un proyecto técnico y una memoria económica. Debía haber un compromiso de actuación del Ayuntamiento. Pero no se llegó a presentar. La pelota está en su tejado», se indica.
También el propio Ejecutivo de Elena Nevado da su versión. El Ayuntamiento se interesó por la cesión de la cárcel para que fuera de titularidad municipal, se confirma, pero el coste de la rehabilitación era inasumible, unos 12 millones.
«Desde el Gobierno, para la cesión del inmueble, se solicitaba un compromiso económico de inversión, algo que el Ayuntamiento no puede asumir por la importante cantidad que supone, por la situación de las arcas municipales y por la necesidad de atender otras prioridades», reconoce el Consistorio.
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