«Intenté resolver el problema del ruido en La Madrila», declara la exalcaldesa Carmen Heras

A las cuatro menos veinte de la tarde de ayer terminó la declaración de Carmen Heras ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, donde ayer comenzó el juicio del ruido, que está previsto que se prolongue durante un mes y medio. Más de tres horas duró la declaración de la que fue alcaldesa socialista desde el año 2007 al 2011. Empezó diciendo a la magistrada que iba a contestar a las preguntas de la fiscal, a las de su letrado, Emilio Cortes Bechiarelli, y las del resto de los abogados defensores, pero no a las cuestiones que le quisiera plantear la acusación particular, la Asociación Cacereños Contra el Ruido.

A las doce y veinte de la mañana empezó ella, con gran tranquilidad, el duro interrogatorio al que le sometió la fiscal Olga Suárez. Fue algo tedioso ya que le pedía que le confirmara si su firma era la que estaba en determinado documento o le preguntaba por qué no había firmado otros. Sirvió, además, para visibilizar la amplitud que tiene el sumario, ya que pedía a las funcionarias que le enseñaran el folio 3.045, el 5.723, el 7.076 y un largo etcétera.

Heras reiteró, varias decenas de veces, que firmaba todo lo que le presentaban al fiarse de los técnicos del Ayuntamiento. «Que quede claro que yo era una política y hacía caso a lo que me decían los funcionarios», dijo indicando que todos los días una alcaldesa de una ciudad como Cáceres firma cientos de documentos, «y aceptaba lo que decían los técnicos porque para eso trabajan para el Ayuntamiento».

Aseguró que ella no entraba en la tramitación técnica de los asuntos, y que nunca había mediado en algún caso concreto. «No tenía ningún interés en parar expedientes», dijo.

Al preguntarle sobre denuncias que se remontaban al año 2004, recordó que ella no era alcaldesa en ese año y que se le tendría que preguntar a quién estuviera de alcalde entonces (José María Saponi); cuando le cuestionaban por qué no había firmado algún documento, aseguraba que si no tenía su firma es que no se lo habían llegado a pasar.

En su larga declaración recalcó que hizo todo lo posible por terminar con la contaminación acústica, «intenté resolver el problema del ruido en La Madrila», enfatizó. Destacó en este sentido que durante su mandato se elaboró una una ordenanza para que insonorizaran los locales, y que su equipo de gobierno adoptó una decisión que aminoró el ruido, ya que los fines de semana por la noche se prohibía el tráfico en la Madrila Baja, con lo que se evitaba el botellón en los coches y el ruido del tráfico.

A preguntas de los abogados defensores destacó que ella se reunió varias veces con los vecinos afectados, que se quejaban de que el ruido aumentaba, sobre todo, cuando cerraban los locales, momento en que los clientes esperaban en la Plaza de Albatros a que abrieran los que los bares que tenían por costumbre comenzar a las cuatro y media de la madrugada. A esta costumbre también se le intentó poner freno, dijo.

Su abogado defensor le hizo preguntas precisas, en la que la exalcaldesa puso en el punto de mira al que fue jefe de sanciones del Ayuntamiento de Cáceres, Javier Alonso, ya que él era el encargado de tramitar los expedientes contra los locales y de decidir la gravedad de sus sanciones. En el año 2014, Javier Alonso pasó de declarar como testigo en la instrucción del caso, a hacerlo como imputado, aunque finalmente no se ha sentado en el banquillo de acusados. Declarará como testigo el 9 de octubre.

Quien sí acompaña a Carmen Heras en el banquillo de acusados es Carlos Jurado, el exconcejal de Seguridad Ciudadana, que declarará hoy, así como y 12 hosteleros de nueve locales, acusados de generar ruidos que han causado daños a una veintena de vecinos de La Madrila.

Las acusaciones piden para los dos expolíticos un año y nueve meses de prisión y 10 años de inhabilitación; y para los hosteleros tres años de prisión, multa de 5.400 a 16.200 euros, y pagar a una veintena de vecinos indemnizaciones que ascienden a un total de 297.000 euros. Las defensas, la absolución.

Antes de declarar la exalcaldesa, hubo unas dos horas de discusión entre las partes. Algunos abogados insistieron en que los delitos han prescrito al haber pasado más de tres años. No prosperaron sus peticiones.