La empresa seguirá con el proyecto de la mina en Cáceres pese al rechazo urbanístico

Pablo Calvo

Cáceres

Jueves, 12 de abril 2018 | Actualizado 13/04/2018 07:44h.

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No hubo sorpresas y todos los protagonistas mantuvieron sus posturas en la comisión municipal de Urbanismo reunida ayer: PP, PSOE y CáceresTú votaron en contra de la propuesta de modificar el Plan General Municipal (PGM) para hacer posible la explotación en el paraje de Valdeflores de una mina de litio a cielo abierto.

Ciudadanos se abstuvo, por lo que sigue sin definirse. Por la tarde se reunió con miembros de la Plataforma Salvemos la Montaña. «Mantiene su postura de no pronunciamiento, aduciendo preservar los derechos jurídico-administrativos del proyecto empresarial», aseguraron tras el encuentro desde la Plataforma.

El dictamen de la comisión pasará ahora al próximo Pleno para su votación definitiva.

Los tres grupos se apoyaron en los informes de los empleados municipales, uno de carácter técnico y otro jurídico, que no avalaban el cambio urbanístico promovido por Tecnología Extremeña del Litio (TEL), la sociedad creada por una filial de la española Sacyr y una multinacional australiana para desarrollar el proyecto minero, que contempla la creación de más de 200 puestos de trabajo directos.

Como se informaba el pasado miércoles, el informe técnico considera que la explotación minera que se propone «empeora la calidad ambiental» de la ciudad y su entorno, además de «colocar una posible actividad extractiva a una distancia aproximada de un kilómetro del suelo urbano del municipio y de infraestructuras básicas», entre otros argumentos que resaltan los importantes valores naturales de la zona.

El dictamen negativo de ayer no cambia en realidad la hoja de ruta trazada por TEL, que ya esperaba por las manifestaciones públicas de los representantes políticos esta postura de la comisión de Urbanismo, como reconoció a este diario su director técnico, David Valls. «No nos ha sorprendido, aunque sí ha sido una sorpresa enterarnos antes por los medios de comunicación del contenido de los informes», aseguraba ayer.

Con todo, la empresa observa en los informes elementos no tan alejados de su postura, como cuando se asegura que «la realidad urbanística, como toda realidad social, experimenta frecuentes mutaciones y no puede, por tanto, mantenerse inflexible». En este sentido, insiste, como hacía en su petición dictaminada ayer, que el PGM, aprobado en 2010 no incluye tal y como debería la actividad extractiva y los recursos mineros de los que ya disponía la ciudad con anterioridad.

De este modo, Valls señala que esos yacimientos de Valdeflores tienen la consideración de «bien de dominio público», y añade que «existe jurisprudencia de que se puede sobreponer un bien de dominio público a los valores naturales de un área», según sea su grado de importancia.

Pese a lo que parecen sugerir estas palabras, el responsable de TEL asegura que la vía judicial, es decir, acudir a los tribunales para que pueda cambiar el Plan de Urbanismo de Cáceres, ahora mismo requisito imprescindible y obstáculo principal para la explotación de la mina, «será la última de las opciones que nos planteamos porque creemos que hay otras anteriores». No obstante, señala que «es lógico que se nos planteen esas cuestiones porque todas las alternativas las seguimos teniendo sobre la mesa, esa también».

Lo que parece claro a estas alturas del proyecto es que TEL no prevé renunciar a la posibilidad de explotar la mina de Valdeflores pese al rechazo de los grupos políticos. «Seguimos desarrollando técnicamente el proyecto porque es uno de los más importantes de Europa».

Otro elemento que comparte la empresa con el informe jurídico que ayer se vio en la comisión municipal de Urbanismo es que «la valoración estratégica» de los recursos naturales de la zona no le corresponde al Ayuntamiento, sino que «el único organismo competente es la Dirección General de Medio Ambiente». «Es la que tiene que decir si esos valores son compatibles o no con el bien de dominio público».

De hecho, como subraya Valls, el informe jurídico dice explícitamente que para tramitar la modificación del PGM que se propone, «deberá ser objeto de una evaluación ambiental estratégica» que el Ayuntamiento debe promover ante Medio Ambiente.