La jueza: "Los acusados se concertaron para causar un perjuicio a las arcas municipales"

La magistrada del Juzgado de lo Penal de Plasencia, Marta Benavides, ha condenado a todos y cada uno de los siete imputados en el llamado caso Plasencia, que pusieron en marcha en diciembre de 2009 dos ediles del PP entonces en la oposición con una denuncia ante la Fiscalía de Cáceres.

La juez considera probado que hubo fraccionamiento de obras para poderlas adjudicar de forma directa a un único empresario, José Antonio Romero Vega. Se eludió así la obligación de sacarlas a concurso público, como así exige la ley por su cuantía. Ese hecho centró la denuncia del Ministerio Fiscal y la instrucción judicial posterior, que acabó con la acusación de siete imputados: además del constructor, la alcaldesa Elia María Blanco y los concejales Francisco Barbancho, Enrique Tornero, Blas Raimundo, Mónica García y Pablo Sánchez del Mazo.

Todos ellos formaron parte del gobierno de Blanco en alguna de las dos legislaturas en las que fue alcaldesa de Plasencia (2003-2007 y 2007-2011). Es el periodo al que se circunscriben las siete obras que han centrado el proceso judicial cuya vista oral tuvo lugar durante los días 13, 14, 15 y 16 del pasado noviembre.

La sentencia se hizo pública ayer, y las condenas no son firmes. Contra ellas cabe recurso de apelación, en el plazo de 10 días, ante la Audiencia Provincial. Una vía que tomarán, al menos, cuatro de los condenados en un intento por rebajar las penas impuestas por la titular del Juzgado de lo Penal de Plasencia.

La exalcaldesa ha sido condenada a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación y a 2 años y 6 meses de cárcel, además de a 8 años de inhabilitación por un delito continuado de fraude. Es la misma pena impuesta por la juez del caso Plasencia al constructor José Antonio Romero Vega.

Al edil socialista Francisco Barbancho y al exconcejal Enrique Tornero les condena a 9 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricación y a 2 años y 3 meses de cárcel, así como a 7 años y 6 meses de inhabilitación, por un delito continuado de fraude.

El exconcejal Blas Raimundo ha sido condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación y a un año de prisión y 6 años de inhabilitación por fraude.

Los dos últimos imputados, la concejala regionalista Mónica García y el exedil socialista Pablo Sánchez del Mazo, sólo son condenados por un delito continuado de prevaricación. García a 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y Del Mazo a ocho años.

La magistrada entiende que todos ellos son culpables de un delito continuado de prevaricación y a excepción de García y Del Mazo también de fraude, porque actuaron en contra de ley «a sabiendas de su injusticia». Porque fraccionaron obras cuando por su cuantía no podían hacerlo para evitar su licitación y adjudicárselas, en muchos casos de forma verbal, al constructor. «Burlaron el procedimiento de contratación, dividieron las obras y la facturación».

Cada una de las siete obras por las que han sido condenados superaba el límite económico establecido por la ley para ser tramitadas como contratos menores. Lo abonado por el Ayuntamiento por el total de las sietes obras a Romero Vega asciende a 1.114.025,19 euros.

Según explica la magistrada en la sentencia, los acusados hicieron caso omiso de las reiteradas observaciones de las que el interventor municipal dejaba constancia en el tramitación informática de las propuestas de gastos para esas obras. En ellas advertía del posible fraccionamiento, a pesar de que los contratos menores no requieren fiscalización previa por su parte. Mantiene que todos y cada uno de los políticos tenían acceso a esas observaciones y que, sin embargo, optaron por no atenderlas y prefirieron mantener en el tiempo la práctica que beneficiaba al empresario.

Las propuestas de gastos para estas obras se hicieron después de que el constructor presentara las facturas, sin presupuesto previo ni proyecto y sin supervisión de los técnicos municipales. Esta forma de actuar, de la que los acusados no se han beneficiado, sí ha perjudicado al Ayuntamiento «y favorecido el enriquecimiento ilícito de Romero Vega».La juez respalda el informe elaborado al respecto por la perito judicial. Según el mismo, la cuantía total de las siete obras no debería haber superado el millón de euros, como así ocurrió, porque su coste fue de 823.834,64 euros.

Por este motivo, la juez también condena a los que participaron en la adjudicación de las obras donde se produce el desfase económico a que indemnicen al Ayuntamiento. Éste no lo hay en ninguna de las dos obras tramitadas por Mónica García pista de La Data y acerado del polígono porque ella misma se encargó de supervisar los trabajos, ni tampoco en la construcción del campo de fútbol de Los Pitufos. Sí se produjo, por el contrario, en las otras cuatro obras que han centran el proceso judicial: el aparcamiento de la Isla, la pista de motocross, el arreglo de la cubierta de la piscina climatizada y el mantenimiento de la Ciudad Deportiva.

No al tráfico de influencia

Con el objetivo de resarcir al Ayuntamiento, la magistrada condena a José Antonio Romero Vega, Elia María Blanco y Francisco Barbancho, a ingresar en las arcas municipales por el exceso facturado en las obras del estacionamiento de la Isla 42.304,28 euros, cantidad a la que deberán hacer frente de forma conjunta. También por esta obra deberá responder de forma solidaria, pero solo por la mitad (26.459,24 euros) Blas Raimundo.

Blanco, Romero y Barbancho, además de Tornero, por el mismo motivo en la obra de la pista de autocross y motocross deberán ingresar en las arcas municipales 11.697,70 euros; por el exceso facturado en los trabajos de la climatizada 17.425,46 euros; y 176.153,22 euros por el exceso facturado en las obras de mantenimiento de la Ciudad Deportiva.

Sin embargo, frente a las peticiones del Ministerio Fiscal y la acusación popular del PP, la jueza absuelve a los siete acusados del delito de tráfico de influencias, por el que las partes citadas les pedían además cuantiosas multas. La magistrada asegura que tal delito no ha quedado demostrado porque no se ha acreditado «que ejercieran los unos sobre los otros influencia para alterar el proceso decisor, prevaliéndose de las relaciones entre ellos»

Además de a la perito judicial, la magistrada da credibilidad, y así lo deja claro en su sentencia, al jefe de la Unidad de Policía Judicial de Cáceres especializado en delincuencia financiera, a la única secretaria que no tenía relación de amistad con los acusados ni tampoco compartía siglas políticas, a los responsables del sistema informático a través del que se tramitaban y tramitan los contratos menores. En la vista oral ratificaron la declaración del interventor, Roberto del Olmo, al que también creyó la jueza.

«A pesar de la reiteración y la insistencia en algunas preguntas, que iban dirigidas a inculparle, lo cierto es que resultó firme, sin quiebras, claro y contundente, ofreciendo una declaración que se valora como sincera y ajustada a la realidad de lo sucedido», se afirma en la sentencia.

Por el contrario, la titular del Juzgado de lo Penal de Plasencia aclara en su sentencia que esa credibilidad no la alcanzaron con sus declaraciones en el juicio, especialmente, ni el secretario del Ayuntamiento ni la que fuera jefa de gabinete de Elia María Blanco.

«La declaración del secretario no fue todo lo objetiva que debiera», escribe la magistrada en su sentencia. Antonio Santibáñez, máximo garante de la legalidad en el Ayuntamiento, atacó al interventor al igual que las defensas de los acusados en la vista oral. «Entiende esta juzgadora que nos hallamos en presencia de una declaración asimilable a la de un coimputado», para concluir que «no podía desconocer el trámite de contratación de contratos menores ni cuáles eran las reales y legales obligaciones del interventor en la fiscalización».

Respecto a la que fuera jefa de gabinete de la exalcaldesa, la magistrada señala: «Particularmente sorprendió a esta juzgadora, por su ausencia de sinceridad, la testifical de Mirella Conejero, que ofreció a la sala un relato aprendido en clara dirección a exculpar a Blanco».