Los condenados deben pagar 248.590 euros al Ayuntamiento de Plasencia

Además de las penas de cárcel y los años de inhabilitación para cargo público, la sentencia del conocido caso Plasencia supone también un varapalo económico para cinco de los siete acusados. Porque el fallo de la magistrada del Juzgado de lo Penal, Marta Benavides, obliga a Elia María Blanco, José Antonio Romero Vega, Francisco Barbancho, Enrique Tornero y Blas Raimundo este último en menor cuantía a ingresar en las arcas municipales un total de 248.590,66 euros. Es la suma del exceso facturado, a juicio de la magistrada, en cuatro de las siete obras que han centrado este proceso judicial.

Tal como la juez refleja en su sentencia, el sobrecoste no se ha producido en las obras llevadas a cabo en el polígono industrial, la pista de La Data y el campo de fútbol de Los Pitufos. Pero sí lo ha habido, a tenor del informe elaborado por una perito judicial, en las obras de mantenimiento de la Ciudad Deportiva, el aparcamiento de la Isla, el arreglo de la piscina climatizada y la pista de autocross y motocross.

El desfase entre lo facturado al Ayuntamiento por estos trabajos y lo que según la perito judicial deberían haber costado es lo que la magistrada considera que deben ingresar en las arcas municipales cinco de los siete acusados, los que participaron en sus adjudicaciones.

La juez mantiene que la forma de actuar de los mismos, elaborando propuestas de gastos después de la presentación de las facturas por el constructor, sin presupuesto previo ni proyecto y sin supervisión de los técnicos municipales, generó un perjuicio económico al Ayuntamiento que debe ser subsanado.

Pero además de estas cuantías, la magistrada condena también a los siete acusados incluidos Mónica García y Pablo Sánchez del Mazo «al pago de las costas causadas por su propia defensa».

Fuentes municipales consideran que ello supone que los acusados deberán también reingresar en las arcas del Ayuntamiento de Plasencia el dinero público que hayan gastado en su defensa jurídica, en el plazo que va desde enero de 2010 hasta junio de 2011.

Puesto que es el plazo en el que estaba en vigor una medida introducida en las bases de ejecución del presupuesto, según la cual la Administración local correría con los gastos de las defensas de los entonces imputados. En junio de 2011, cuando el PP llegó a la Alcaldía, modificó en su primer pleno estas bases.

Las mismas fuentes aseguran que en ese plazo se llevó a cabo la contratación de un informe jurídico para la defensa de Elia Blanco, que conllevó un desembolso de unos 20.000 euros al Consistorio. Además, estudian ahora si hay otras facturas referentes a estos pagos.

Medalla de Extremadura

Por otro lado, el presidente autonómico, José Antonio Monago, propondrá que se le retire la Medalla de Extremadura a personas condenadas por un tribunal a nueve años de inhabilitación, en alusión al concejal socialista Enrique Tornero, uno de los siete condenados por el caso Plasencia. Al exedil socialista le fue concedida en 1996 la Medalla de Extremadura por su carrera de nadador paralímpico.

«No puede llevar en el cuello la Medalla de Extremadura quien está acusado y condenado por corrupción», argumentó Monago, quien destacó que el Gobierno extremeño va a «llevar a cabo el procedimiento que quepa» para que la máxima distinción de la comunidad «la lleve gente honesta, y no gente con condenas de nueve años». Monago confía en que el PSOE «apoye que se le retire la medalla a su antiguo concejal socialista».

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno regional, Cristina Teniente, pidió «responsabilidades» al expresidente Guillermo Fernández Vara porque a su juicio «amparó, defendió y silenció» a la exalcaldesa de Plasencia.